Por Ronal F. Rodríguez
y María Clara Robayo León
y María Clara Robayo León
CAP 5
Fotografía: Javier García
Venezuela, inmersa en una crisis humanitaria sin precedentes en el continente, ha expulsado de su territorio a cerca de 4,3 millones de personas. Desde el 2015, Colombia es el principal destino para esta población que, gracias al pasado migratorio compartido entre las dos naciones, se compone en gran medida de colombianos retornados. Una realidad que involucra a todos los departamentos del país y posiciona, por primera vez, a la migración como uno de los asuntos principales en la agenda del Gobierno, los medios de comunicación, las áreas de acción de organismos no gubernamentales y multilaterales, por tal se convierte también en un tema de gran interés para la sociedad civil en general.
La migración venezolana debe ser entendida en el marco de las profundas transformaciones políticas, económicas y sociales que ha vivido Venezuela en los últimos veinte años. Un fenómeno de movilidad humana inédito en la región que desafía a los gobiernos y sus políticas migratorias, más aún para Colombia al ser un país sin experiencia en inmigración. Ante el desafío que implica comprender y gestionar un fenómeno de tal magnitud y complejidad, este capítulo ofrece un análisis general de la migración en el contexto colombo-venezolano y se desarrollará en tres ejes principales.
La primera parte describe el contexto de la movilidad humana en Colombia explicando los diversos flujos poblacionales que confluyen simultáneamente desde antes de la manifestación de la crisis en Venezuela. Posteriormente, la segunda parte, presenta un análisis de Venezuela como un país que ha pasado de ser uno de los receptores de migración más importantes de Latinoamérica a ser hoy el mayor expulsor de población en la región. La tercera parte analiza las acciones impulsadas y ejecutadas por Colombia hasta el momento para afrontar el nuevo contexto migratorio reconociendo los grandes desafíos que imponen la condición particular de ser un país fronterizo y la migración pendular. Finalmente se presentan brevemente las conclusiones principales. Esperamos que este capítulo sea un aporte para los lectores y facilite un mejor entendimiento de la situación migratoria actual de los venezolanos en Colombia.
1. Contexto de la movilidad humana en Colombia
1.1. Los que se fueron, los que se reasentaron y los que van de paso
Desde antes del 2015 y la crisis migratoria proveniente de Venezuela, Colombia vivía tres importantes procesos de movilidad humana (1):
La primera parte describe el contexto de la movilidad humana en Colombia explicando los diversos flujos poblacionales que confluyen simultáneamente desde antes de la manifestación de la crisis en Venezuela. Posteriormente, la segunda parte, presenta un análisis de Venezuela como un país que ha pasado de ser uno de los receptores de migración más importantes de Latinoamérica a ser hoy el mayor expulsor de población en la región. La tercera parte analiza las acciones impulsadas y ejecutadas por Colombia hasta el momento para afrontar el nuevo contexto migratorio reconociendo los grandes desafíos que imponen la condición particular de ser un país fronterizo y la migración pendular. Finalmente se presentan brevemente las conclusiones principales. Esperamos que este capítulo sea un aporte para los lectores y facilite un mejor entendimiento de la situación migratoria actual de los venezolanos en Colombia.
1. Contexto de la movilidad humana en Colombia
1.1. Los que se fueron, los que se reasentaron y los que van de paso
Desde antes del 2015 y la crisis migratoria proveniente de Venezuela, Colombia vivía tres importantes procesos de movilidad humana (1):
1 Movilidad humana: Se refiere a los procesos concretos que cualquier persona, familia o grupo humano realiza o experimenta para establecerse temporal o permanentemente en un sitio diferente a aquel en donde ha nacido o residido (Benavides y Rodas, 2009). Incluye personas migrantes, inmigrantes, solicitantes de refugio, refugiados reconocidos y de facto, asilados, apátridas, migrantes y desplazados internos, víctimas de trata y tráfico de personas y a sus familias (República del Ecuador, 2009). La movilidad humana es un concepto relativamente nuevo, asumido por la política migratoria de Ecuador desde hace más de una década y supera las definiciones tradicionales de migración, reconociéndola como un derecho humano, en la medida en que la historia de la humanidad se ha definido por procesos de movilidad. (Observatorio de Venezuela, 2019 p. 8).
El primero, la emigración de un número indeterminado de colombianos al exterior se calcula que entre cinco y ocho millones de ciudadanos salieron del país a finales del siglo XX y el inicio del siglo XXI, con destino a Estados Unidos, España, Venezuela y Ecuador principalmente. La diáspora colombiana conectó al país con el extranjero por medio de una población que envía anualmente miles de millones de dólares de remesas, que regresa de vacaciones, pero que en su gran mayoría se radicó fuera, de la cual muy pocos se plantean retornar al país. De ello se desprende que un número importante de migrantes de segunda y tercera generación nunca habrán vivido en Colombia.
Segundo, Colombia sobrellevó un proceso de desplazamiento interno que ronda los siete millones y medio de personas que se vieron obligadas a dejar sus hogares a causa del conflicto armado. El país inició su proceso de urbanización forzado por la violencia interna que desplazó a millones de personas a las ciudades y a sus cinturones de pobreza. La magnitud del desplazamiento implicó la llegada y presencia de varias organizaciones internacionales, el despliegue de organismos de la sociedad civil y de comunidades religiosas que enfilaron acciones para hacer frente al drama humanitario interno.
A pesar de los cambios en las dinámicas del conflicto armado, de las negociaciones y acuerdos de paz con los actores más violentos, los paramilitares en la década pasada y la guerrilla de las Farc hace unos años, la tragedia del desplazamiento continúa presentándose en Colombia, ya no en las dimensiones del pasado, pero sumado a los 702 asesinatos de líderes sociales entre 2016 y 2019 (Indepaz, 2019) deja claro que aún no se logra superar el conflicto.
La reacomodación de los actores armados y su disputa por los territorios desocupados por las Farc son las principales causas del desplazamiento. Incluso para los colombianos retornados de Venezuela las causas estructurales del conflicto armado siguen estando presentes, haciendo que algunos de ellos prefieran continuar la ruta migrante de los venezolanos en dirección a Ecuador, Perú y Chile.
Y tercero, Colombia como país de tránsito a los Estados Unidos. Población de Asia, África y de algunas islas del Caribe como Haití están usando a Colombia como país de paso, un fenómeno subdocumentado e invisibilizado por una crisis humanitaria compleja (2) y la dimensión de la migración venezolana. Sin embargo, por la naturaleza de los contingentes humanos, las diferencias lingüísticas y culturales, las difíciles condiciones de los territorios que atraviesan y los peligros a los que se exponen por cruzar rutas que la delincuencia utiliza para el narcotráfico y otros delitos, hacen del tránsito por la vertiente del Pacífico un tema delicado y que requiere especial atención.
Segundo, Colombia sobrellevó un proceso de desplazamiento interno que ronda los siete millones y medio de personas que se vieron obligadas a dejar sus hogares a causa del conflicto armado. El país inició su proceso de urbanización forzado por la violencia interna que desplazó a millones de personas a las ciudades y a sus cinturones de pobreza. La magnitud del desplazamiento implicó la llegada y presencia de varias organizaciones internacionales, el despliegue de organismos de la sociedad civil y de comunidades religiosas que enfilaron acciones para hacer frente al drama humanitario interno.
A pesar de los cambios en las dinámicas del conflicto armado, de las negociaciones y acuerdos de paz con los actores más violentos, los paramilitares en la década pasada y la guerrilla de las Farc hace unos años, la tragedia del desplazamiento continúa presentándose en Colombia, ya no en las dimensiones del pasado, pero sumado a los 702 asesinatos de líderes sociales entre 2016 y 2019 (Indepaz, 2019) deja claro que aún no se logra superar el conflicto.
La reacomodación de los actores armados y su disputa por los territorios desocupados por las Farc son las principales causas del desplazamiento. Incluso para los colombianos retornados de Venezuela las causas estructurales del conflicto armado siguen estando presentes, haciendo que algunos de ellos prefieran continuar la ruta migrante de los venezolanos en dirección a Ecuador, Perú y Chile.
Y tercero, Colombia como país de tránsito a los Estados Unidos. Población de Asia, África y de algunas islas del Caribe como Haití están usando a Colombia como país de paso, un fenómeno subdocumentado e invisibilizado por una crisis humanitaria compleja (2) y la dimensión de la migración venezolana. Sin embargo, por la naturaleza de los contingentes humanos, las diferencias lingüísticas y culturales, las difíciles condiciones de los territorios que atraviesan y los peligros a los que se exponen por cruzar rutas que la delincuencia utiliza para el narcotráfico y otros delitos, hacen del tránsito por la vertiente del Pacífico un tema delicado y que requiere especial atención.
2 Emergencia humanitaria compleja: Tipo de crisis humanitaria causada por la combinación de múltiples factores políticos, económicos y socioculturales que impacta gravemente todas las formas de vida y los ámbitos de la sociedad. Cada emergencia compleja es diferente en cuanto a sus causas, actores, incidencia y resolución, sin embargo suelen desencadenarse en contextos de desestructuración tanto política como económica resultantes de la combinación de factores como el debilitamiento, la quiebra y la fragmentación del Estado; el fortalecimiento de la economía informal bajo la articulación de redes clandestinas; conflictos civiles con implicaciones internacionales; hambrunas y epidemias; aumento de la pobreza, y migraciones forzosas causadas por la necesidad de ayuda o por persecuciones políticas, religiosas o étnicas (Cliffe y Luckham, 1999).
La migración es un fenómeno en ebullición y las medidas que han tomado los Estados Unidos y México frente al drama de las caravanas centroamericanas pueden llevar a cambios en los flujos migratorios, e incluso se pueden dar condiciones para que busquen en el sur, lo que el norte del continente les niega.
La experiencia colombiana reciente ha sido de expulsión, desplazamiento y tránsito, con pocos y aislados casos de inmigración a lo largo de su historia. Quizás el mayor momento de movilidad humana del país, antes de la migración venezolana, se dio hace doscientos años con las guerras de independencia que movilizaron contingentes humanos entre las viejas provincias. Después de ello se registra la migración alemana en los Santanderes, la migración japonesa en el Valle del Cauca, y la mal llamada migración turca, que realmente eran sirio-libaneses que escaparon aprovechando la caída del imperio otomano en dirección al Caribe. Esta última migración es quizá la que se tiene más presente por su aporte cultural en la costa colombiana y su importante influencia política.
A diferencia del resto de los países de América Latina, en Colombia no se generaron mecanismos para atraer migración europea durante el siglo XX. La guerra de los Mil Días, la Violencia entre conservadores y liberales y el conflicto armado hicieron al país poco atractivo para los migrantes. Los extranjeros en Colombia eran una particularidad, algo exótico y raro, puntos de referencia cultural en las sociedades por sus diferencias en un país aislado, con poco intercambio cultural y en el que hasta hace unas décadas solo sus élites viajaban. Pero eso ha cambiado por la diáspora de colombianos y ahora por la llegada de los migrantes venezolanos.
1.1 Los que llegaron y los que regresaron
El informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (julio del 2019), finaliza expresando su preocupación por el aumento del «éxodo sin precedentes» de migrantes y refugiados, así como por el deterioro de las condiciones para las personas que permanecen en Venezuela.
Los últimos datos oficiales para mediados del 2019 apuntan a que 4,3 millones de venezolanos han tenido que dejar su país, y según el último informe de la OEA la cifra total oscilará a finales del 2019 entre 5,3 y 5,7 millones de personas y entre 7,5 y 8,2 millones en el 2020. De ellos el 32 %, aproximadamente 1 408 055, se encuentran en Colombia, lo que significaría para el país que, si se mantiene el porcentaje de recepción, la cifra puede llegar a los 1,8 millones para finales del 2019 y a los 2,7 millones en el 2020.
A lo cual se suman los más de 400 000 retornados, de los 3,4 millones de colombianos que aún viven en Venezuela, según los datos disponibles en los consulados a septiembre del 2018, antes de la ruptura de relaciones diplomáticas el 22 de febrero del 2019.
Como si fuera poco, se empiezan a detectar señales de un cambio en la distribución demográfica. Venezuela históricamente concentró a su población en las urbes de la costa Caribe, pero ante la crisis humanitaria se ha iniciado un proceso de desplazamiento interno, que ha supeditado a la población a ubicarse en la frontera con Colombia.
De los 32,2 millones de habitantes que se estiman para Venezuela, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística —INE— para el 2019, se calculó que 6,3 millones debían residir en los estados del Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, no obstante, el Estado colombiano ha expedido más de 4,1 millones de Tarjetas de Movilidad Fronteriza —TMF—(3) para los ciudadanos venezolanos quienes se desplazan de un lado al otro de la frontera por cortos periodos, la denominada migración pendular. La información disponible demuestra que más personas dependen del paso fronterizo.
La experiencia colombiana reciente ha sido de expulsión, desplazamiento y tránsito, con pocos y aislados casos de inmigración a lo largo de su historia. Quizás el mayor momento de movilidad humana del país, antes de la migración venezolana, se dio hace doscientos años con las guerras de independencia que movilizaron contingentes humanos entre las viejas provincias. Después de ello se registra la migración alemana en los Santanderes, la migración japonesa en el Valle del Cauca, y la mal llamada migración turca, que realmente eran sirio-libaneses que escaparon aprovechando la caída del imperio otomano en dirección al Caribe. Esta última migración es quizá la que se tiene más presente por su aporte cultural en la costa colombiana y su importante influencia política.
A diferencia del resto de los países de América Latina, en Colombia no se generaron mecanismos para atraer migración europea durante el siglo XX. La guerra de los Mil Días, la Violencia entre conservadores y liberales y el conflicto armado hicieron al país poco atractivo para los migrantes. Los extranjeros en Colombia eran una particularidad, algo exótico y raro, puntos de referencia cultural en las sociedades por sus diferencias en un país aislado, con poco intercambio cultural y en el que hasta hace unas décadas solo sus élites viajaban. Pero eso ha cambiado por la diáspora de colombianos y ahora por la llegada de los migrantes venezolanos.
1.1 Los que llegaron y los que regresaron
El informe de Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela (julio del 2019), finaliza expresando su preocupación por el aumento del «éxodo sin precedentes» de migrantes y refugiados, así como por el deterioro de las condiciones para las personas que permanecen en Venezuela.
Los últimos datos oficiales para mediados del 2019 apuntan a que 4,3 millones de venezolanos han tenido que dejar su país, y según el último informe de la OEA la cifra total oscilará a finales del 2019 entre 5,3 y 5,7 millones de personas y entre 7,5 y 8,2 millones en el 2020. De ellos el 32 %, aproximadamente 1 408 055, se encuentran en Colombia, lo que significaría para el país que, si se mantiene el porcentaje de recepción, la cifra puede llegar a los 1,8 millones para finales del 2019 y a los 2,7 millones en el 2020.
A lo cual se suman los más de 400 000 retornados, de los 3,4 millones de colombianos que aún viven en Venezuela, según los datos disponibles en los consulados a septiembre del 2018, antes de la ruptura de relaciones diplomáticas el 22 de febrero del 2019.
Como si fuera poco, se empiezan a detectar señales de un cambio en la distribución demográfica. Venezuela históricamente concentró a su población en las urbes de la costa Caribe, pero ante la crisis humanitaria se ha iniciado un proceso de desplazamiento interno, que ha supeditado a la población a ubicarse en la frontera con Colombia.
De los 32,2 millones de habitantes que se estiman para Venezuela, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística —INE— para el 2019, se calculó que 6,3 millones debían residir en los estados del Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, no obstante, el Estado colombiano ha expedido más de 4,1 millones de Tarjetas de Movilidad Fronteriza —TMF—(3) para los ciudadanos venezolanos quienes se desplazan de un lado al otro de la frontera por cortos periodos, la denominada migración pendular. La información disponible demuestra que más personas dependen del paso fronterizo.
3 Según datos suministrado por funcionarios de Migración Colombia en mesa de expertos realizada el 5 de agosto del 2019 en la Universidad del Rosario.
Como dato adicional, más de 326.049 venezolanos tienen Permiso de Tránsito Temporal —PTT—, un documento que les permite atravesar el país en dirección al sur del continente u otras localidades. Para mediados del 2019 más de 400 000 ciudadanos venezolanos han transitado por Colombia, aproximadamente 700 000 lo hicieron en el 2018. Sin embargo, a corte de agosto del 2019 se registra la llegada de migrantes venezolanos por el sur que regresan al territorio colombiano, migración de retorno ante las medidas tomadas por Chile, Perú, Bolivia y Ecuador.
En números gruesos el fenómeno de movilidad humana que se da entre Colombia y Venezuela afecta a más de cinco millones de personas (4) que entre migración con vocación de permanencia, migración de tránsito, migración pendular y los fenómenos de desplazamiento asociados, sumándose a las problemáticas de las comunidades receptoras y la complejidad asociada para los 11,5 millones de ciudadanos de las dos naciones que habitan en la zona de frontera, lo convierten en la segunda crisis migratoria del mundo, solo superada por los 6,3 millones de refugiados sirios que han salidos de su país desde el 2011 (Acnur, 2019) (5).
Si bien los números pueden ser sobrecogedores y despertar alarmas, el caso colombiano ha llamado la atención mundial por la capacidad de absorción de su sociedad. Mientras otros países con mejores condiciones económicas, superiores paquetes de atención social y con necesidad de mano de obra han vivido fenómenos de xenofobia y/o aporofobia, la respuesta colombiana se ha caracterizado, hasta el momento, por la solidaridad y la acogida inicial. No obstante, la sociedad colombiana da muestras claras de fatiga ante el fenómeno de movilidad humana y empiezan a aparecer preocupantes brotes de xenofobia. Las encuestas de Invamer (6) han mostrado una tendencia creciente de la opinión desfavorable a la llegada de los venezolanos, se empieza a desaprobar las medidas tomadas por el Gobierno y son más los que consideran que se debe cerrar la frontera y tomar medidas administrativas que disuadan a los venezolanos de venir a Colombia. E incluso, algunos, sin evidencia, los responsabilizan del aumento del desempleo y la inseguridad.
En números gruesos el fenómeno de movilidad humana que se da entre Colombia y Venezuela afecta a más de cinco millones de personas (4) que entre migración con vocación de permanencia, migración de tránsito, migración pendular y los fenómenos de desplazamiento asociados, sumándose a las problemáticas de las comunidades receptoras y la complejidad asociada para los 11,5 millones de ciudadanos de las dos naciones que habitan en la zona de frontera, lo convierten en la segunda crisis migratoria del mundo, solo superada por los 6,3 millones de refugiados sirios que han salidos de su país desde el 2011 (Acnur, 2019) (5).
Si bien los números pueden ser sobrecogedores y despertar alarmas, el caso colombiano ha llamado la atención mundial por la capacidad de absorción de su sociedad. Mientras otros países con mejores condiciones económicas, superiores paquetes de atención social y con necesidad de mano de obra han vivido fenómenos de xenofobia y/o aporofobia, la respuesta colombiana se ha caracterizado, hasta el momento, por la solidaridad y la acogida inicial. No obstante, la sociedad colombiana da muestras claras de fatiga ante el fenómeno de movilidad humana y empiezan a aparecer preocupantes brotes de xenofobia. Las encuestas de Invamer (6) han mostrado una tendencia creciente de la opinión desfavorable a la llegada de los venezolanos, se empieza a desaprobar las medidas tomadas por el Gobierno y son más los que consideran que se debe cerrar la frontera y tomar medidas administrativas que disuadan a los venezolanos de venir a Colombia. E incluso, algunos, sin evidencia, los responsabilizan del aumento del desempleo y la inseguridad.
4 Según los datos disponibles de Migración Colombia (30 de junio de 2019) y del Portal Operacional Situación y Migrantes de Venezuela (5 de agosto del 2019).
5 Según datos disponibles en el informe de Acnur:Situación Venezuela: Aspectos claves del monitoreo de protección. Enero-junio del 2019
6 Encuesta de Invamer para Caracol Televisión, Blu Radio y la revista Semana del 25 de julio al 28 de julio del 2019
5 Según datos disponibles en el informe de Acnur:Situación Venezuela: Aspectos claves del monitoreo de protección. Enero-junio del 2019
6 Encuesta de Invamer para Caracol Televisión, Blu Radio y la revista Semana del 25 de julio al 28 de julio del 2019
Foto: Diego Pérez
San Cristóbal, Venezuela.
Enero de 2018.
Sin embargo, como lo señala el informe de la alta comisionada, la situación en Venezuela se deteriora aceleradamente. A los problemas estructurales del periodo chavista, se añade el impacto de las medidas económicas que han tomado diferentes Estados en contra el régimen de Nicolás Maduro.
La crisis multidimensional por la que atraviesa Venezuela no es un problema que se resuelva en el corto plazo, incluso ante una eventual salida del gobierno chavista, la recuperación del país tomaría en el mejor de los casos un par de décadas: empezando por la recuperación de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y productiva, hasta la recomposición de las relaciones entre los ciudadanos con el Estado y el tejido social.
Las migraciones transforman sociedades, producen cambios y adaptaciones que generan tensión social y diferentes niveles de conflictividad, se prolongan en el tiempo, son impredecibles, dan lugar a procesos de inclusión, integración y reacomodación de los actores de la sociedad. Ante dicha realidad la sociedad colombiana debe prepararse para hacer frente a esta nueva situación de movilidad humana en medio de un contexto de posacuerdo y construcción de paz.
Un gran desafío que requiere conjuntamente tanto de una política de Estado como de espacios de consenso social para que, desde un enfoque holístico, positivo, productivo y respetuoso de los derechos humanos, ofrezca canales permanentes de integración social y económica a migrantes y retornados, un marco legal integral migratorio, acceso a derechos esenciales, capacitación de los funcionarios en todos sus niveles, fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales, espacios de diálogo y conciliación que combatan la xenofobia y la discriminación y un compromiso social multisectorial en hacer de este proceso migratorio una oportunidad de crecimiento para Colombia.
2. Venezuela, de un país receptor a uno emisor de migración
2.1 Extranjeros en Venezuela
Con la llegada de la revolución bolivariana a la presidencia en 1999 se rompió la concepción de ciudadanía en Venezuela. De ser una sociedad plural, conducida políticamente por maquinarias partidistas presentes en todos los espacios sociales se pasó a una sociedad dividida entre ‘el pueblo’ y ‘la oligarquía’.
Durante el periodo democrático de 1958 a 1998, entre la caída de Marcos Pérez Jiménez y el ascenso electoral de Hugo Chávez, Venezuela fue un país que se caracterizó por la llegada de europeos que buscaban una oportunidad económica en un país con importantes recursos petroleros y en plena efervescencia desarrollista. El mismo territorio donde miles de latinoamericanos encontraron refugio de los regímenes dictatoriales y militaristas que pululaban por el continente, y el país que recibió a los colombianos que buscaban una oportunidad de crecimiento económico, a los que escapaban del conflicto armado, de la violencia narcotraficante o hasta de las autoridades colombianas.
Hasta 1971 la mayoría de los extranjeros en Venezuela eran de origen europeo, les seguían los americanos con un porcentaje importante de colombianos, para los años noventa más de la mitad de los extranjeros en Venezuela ya eran de nacionalidad colombiana. Con la caída de los precios del petróleo y la recesión económica en los años ochenta y noventa el porcentaje de extranjeros disminuyó: 7,4 % en 1981; 5,7 % en 1990; 4,4 % en el 2001 y apenas del 4,2 % para el último censo el del 2011. El número de colombianos en Venezuela registrados censalmente durante el mismo periodo fue creciendo: 180 144 en 1971; 508 166 en 1981; 529 924 en 1990; 609 196 en el 2001, y 721 791 para el 2011, pero disminuyendo proporcionalmente frente al total de la población: 3,5 % en 1981; 2,93 % en 1990; 2,64 % en el 2001, y solamente el 2,49 % para el 2011 (Flujo migratorio de colombianos a Venezuela: las cifras cuentan, 2015).
Los datos del Instituto Nacional de Estadística —INE— desmienten al presidente Nicolás Maduro. Quien, en el 2015, afirmó que eran 5,6 millones de colombianos en Venezuela, una semana después el Gobierno publicó en una nota en la prensa norteamericana que eran 5,7 millones de colombianos, y al paso de unos días el entonces defensor del Pueblo, hoy fiscal General de Venezuela, llegó a decir que eran 6 millones de ciudadanos colombianos viviendo en su país.
Con la fatiga del sistema económico y político disminuyó la proporción de extranjeros en Venezuela, desde los años ochenta y noventa, pero es la llegada de la revolución bolivariana con la que se revierte la dinámica migratoria. Por primera vez se dio un fenómeno de salida de la población extranjera sobre todo en las poblaciones de segunda y tercera generación de origen europeo que empezaron a irse ante la polarización que impuso el chavismo.
El discurso de división, de buenos y malos, de pueblo oprimido contra una élite perversa impulsado por Chávez rompió la forma de relacionamiento entre la ciudadanía venezolana. Algunas comunidades fueron señaladas por el chavismo, como ocurrió con la comunidad judía en Venezuela que se ha reducido en casi un 80 %. Lo que inició con un discurso velado de apoyo a la causa palestina, con el paso de los años se convirtió en una contrastante agresión contra el Estado de Israel y un señalamiento a la comunidad judía residente en Venezuela.
Para la comunidad colombiana en Venezuela, los señalamientos por parte del Gobierno venezolano han tenido dos momentos contrastantes, el primero entre 2002 y 2004 y el segundo, a mediados del 2015. El gobierno de Chávez, inmerso en una crisis de gobernabilidad posterior al golpe de Estado del 11 de abril del 2002, pactó con la comunidad internacional y la oposición una salida electoral por medio de un referendo revocatorio. El 15 de agosto del 2004 los venezolanos debían elegir si mantenían a Chávez en la presidencia o lo revocaban como lo permite la Constitución, una de las pocas en el mundo que contempla la figura de la revocatoria de mandato para el presidente. En medio de dicho proceso, el Gobierno crea las misiones sociales y entre ellas la misión identidad, con la cual se otorgaba una cédula de ciudadanía a los colombianos residentes en Venezuela. Esta misión resolvía el problema de los irregulares y sacaba de la agenda bilateral uno de los temas más complejos. Si bien, a lo largo del periodo democrático se habían dado procesos de nacionalización y regularización de la comunidad colombiana, el gobierno de Chávez con esta nueva medida le ponía un punto final al problema.
Ello atendió a un carácter de instrumentalización política, Chávez regularizó a la población con el objetivo de aumentar el caudal electoral y asegurar su victoria en el proceso revocatorio. La comunidad colombiana en Venezuela engrosó las filas del chavismo, no era solamente la regularización sino el acceso a todo el paquete de política social venezolano: educación, salud, alimentación, etc. Era mucho mejor ser pobre en Venezuela que en Colombia, el modelo asistencialista promovido por la revolución resolvía las carencias de cientos de miles de ciudadanos colombianos, existen relatos de personas que viajaron desde el Valle del Cauca para lograr la cédula venezolana. El voto colombiano fue decisivo en la permanencia de Chávez en el poder.
La crisis multidimensional por la que atraviesa Venezuela no es un problema que se resuelva en el corto plazo, incluso ante una eventual salida del gobierno chavista, la recuperación del país tomaría en el mejor de los casos un par de décadas: empezando por la recuperación de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera y productiva, hasta la recomposición de las relaciones entre los ciudadanos con el Estado y el tejido social.
Las migraciones transforman sociedades, producen cambios y adaptaciones que generan tensión social y diferentes niveles de conflictividad, se prolongan en el tiempo, son impredecibles, dan lugar a procesos de inclusión, integración y reacomodación de los actores de la sociedad. Ante dicha realidad la sociedad colombiana debe prepararse para hacer frente a esta nueva situación de movilidad humana en medio de un contexto de posacuerdo y construcción de paz.
Un gran desafío que requiere conjuntamente tanto de una política de Estado como de espacios de consenso social para que, desde un enfoque holístico, positivo, productivo y respetuoso de los derechos humanos, ofrezca canales permanentes de integración social y económica a migrantes y retornados, un marco legal integral migratorio, acceso a derechos esenciales, capacitación de los funcionarios en todos sus niveles, fortalecimiento de los gobiernos locales y regionales, espacios de diálogo y conciliación que combatan la xenofobia y la discriminación y un compromiso social multisectorial en hacer de este proceso migratorio una oportunidad de crecimiento para Colombia.
2. Venezuela, de un país receptor a uno emisor de migración
2.1 Extranjeros en Venezuela
Con la llegada de la revolución bolivariana a la presidencia en 1999 se rompió la concepción de ciudadanía en Venezuela. De ser una sociedad plural, conducida políticamente por maquinarias partidistas presentes en todos los espacios sociales se pasó a una sociedad dividida entre ‘el pueblo’ y ‘la oligarquía’.
Durante el periodo democrático de 1958 a 1998, entre la caída de Marcos Pérez Jiménez y el ascenso electoral de Hugo Chávez, Venezuela fue un país que se caracterizó por la llegada de europeos que buscaban una oportunidad económica en un país con importantes recursos petroleros y en plena efervescencia desarrollista. El mismo territorio donde miles de latinoamericanos encontraron refugio de los regímenes dictatoriales y militaristas que pululaban por el continente, y el país que recibió a los colombianos que buscaban una oportunidad de crecimiento económico, a los que escapaban del conflicto armado, de la violencia narcotraficante o hasta de las autoridades colombianas.
Hasta 1971 la mayoría de los extranjeros en Venezuela eran de origen europeo, les seguían los americanos con un porcentaje importante de colombianos, para los años noventa más de la mitad de los extranjeros en Venezuela ya eran de nacionalidad colombiana. Con la caída de los precios del petróleo y la recesión económica en los años ochenta y noventa el porcentaje de extranjeros disminuyó: 7,4 % en 1981; 5,7 % en 1990; 4,4 % en el 2001 y apenas del 4,2 % para el último censo el del 2011. El número de colombianos en Venezuela registrados censalmente durante el mismo periodo fue creciendo: 180 144 en 1971; 508 166 en 1981; 529 924 en 1990; 609 196 en el 2001, y 721 791 para el 2011, pero disminuyendo proporcionalmente frente al total de la población: 3,5 % en 1981; 2,93 % en 1990; 2,64 % en el 2001, y solamente el 2,49 % para el 2011 (Flujo migratorio de colombianos a Venezuela: las cifras cuentan, 2015).
Los datos del Instituto Nacional de Estadística —INE— desmienten al presidente Nicolás Maduro. Quien, en el 2015, afirmó que eran 5,6 millones de colombianos en Venezuela, una semana después el Gobierno publicó en una nota en la prensa norteamericana que eran 5,7 millones de colombianos, y al paso de unos días el entonces defensor del Pueblo, hoy fiscal General de Venezuela, llegó a decir que eran 6 millones de ciudadanos colombianos viviendo en su país.
Con la fatiga del sistema económico y político disminuyó la proporción de extranjeros en Venezuela, desde los años ochenta y noventa, pero es la llegada de la revolución bolivariana con la que se revierte la dinámica migratoria. Por primera vez se dio un fenómeno de salida de la población extranjera sobre todo en las poblaciones de segunda y tercera generación de origen europeo que empezaron a irse ante la polarización que impuso el chavismo.
El discurso de división, de buenos y malos, de pueblo oprimido contra una élite perversa impulsado por Chávez rompió la forma de relacionamiento entre la ciudadanía venezolana. Algunas comunidades fueron señaladas por el chavismo, como ocurrió con la comunidad judía en Venezuela que se ha reducido en casi un 80 %. Lo que inició con un discurso velado de apoyo a la causa palestina, con el paso de los años se convirtió en una contrastante agresión contra el Estado de Israel y un señalamiento a la comunidad judía residente en Venezuela.
Para la comunidad colombiana en Venezuela, los señalamientos por parte del Gobierno venezolano han tenido dos momentos contrastantes, el primero entre 2002 y 2004 y el segundo, a mediados del 2015. El gobierno de Chávez, inmerso en una crisis de gobernabilidad posterior al golpe de Estado del 11 de abril del 2002, pactó con la comunidad internacional y la oposición una salida electoral por medio de un referendo revocatorio. El 15 de agosto del 2004 los venezolanos debían elegir si mantenían a Chávez en la presidencia o lo revocaban como lo permite la Constitución, una de las pocas en el mundo que contempla la figura de la revocatoria de mandato para el presidente. En medio de dicho proceso, el Gobierno crea las misiones sociales y entre ellas la misión identidad, con la cual se otorgaba una cédula de ciudadanía a los colombianos residentes en Venezuela. Esta misión resolvía el problema de los irregulares y sacaba de la agenda bilateral uno de los temas más complejos. Si bien, a lo largo del periodo democrático se habían dado procesos de nacionalización y regularización de la comunidad colombiana, el gobierno de Chávez con esta nueva medida le ponía un punto final al problema.
Ello atendió a un carácter de instrumentalización política, Chávez regularizó a la población con el objetivo de aumentar el caudal electoral y asegurar su victoria en el proceso revocatorio. La comunidad colombiana en Venezuela engrosó las filas del chavismo, no era solamente la regularización sino el acceso a todo el paquete de política social venezolano: educación, salud, alimentación, etc. Era mucho mejor ser pobre en Venezuela que en Colombia, el modelo asistencialista promovido por la revolución resolvía las carencias de cientos de miles de ciudadanos colombianos, existen relatos de personas que viajaron desde el Valle del Cauca para lograr la cédula venezolana. El voto colombiano fue decisivo en la permanencia de Chávez en el poder.
El segundo momento llegó después de la muerte de Chávez, durante el primer año de Maduro en el poder, se cambió radicalmente de discurso. El nuevo presidente, a pesar de ser hijo de una colombiana, utilizó el discurso anticolombiano para justificar los dos grandes problemas de ese momento. Por un lado, responsabilizó de la crisis económica en la que empezaba a hundirse el país al contrabando de extracción en dirección a Colombia. Y por el otro, endilgó los fenómenos de violencia que vivía Venezuela al «paramilitarismo colombiano». Durante los años 2014 y 2015, especialmente, los titulares de los medios oficialistas como el Correo del Orinoco destacaban la nacionalidad colombiana vinculada a la actividad delincuencial (Rodríguez e Ito, 2016).
Dado que la cédula de ciudadanía venezolana caduca cada diez años, entre 2013 y 2015, aquellos colombianos regularizados por Chávez se dirigieron a tramitar la renovación de su documento y descubrieron que los funcionarios se negaban a hacerlo. Las autoridades argumentaban que el documento no tenía respaldo en el registro venezolano, que solo era un documento electoral y por lo tanto ya no tenía validez. Lo cual fue particularmente grave, porque es durante este periodo que se establece el acceso a productos de la canasta básica con los últimos dígitos del documento.
En agosto del 2015 Nicolás Maduro decreta la llegada de las Operaciones para la Liberación del Pueblo —OLP— a la zona de frontera. Las OLP significaron un cambio en la dinámica migratoria de Venezuela, 1500 colombianos fueron expulsados y deportados arbitrariamente, y forzaron el retorno ‘voluntario’ de otros 20 000, según las cifras oficiales, y más de 32 000, según las organizaciones que atendieron la crisis humanitaria desencadenada por las medidas del gobierno de Maduro.
2.2 La diáspora venezolana: testimonio del deterioro gradual del país
Se identifican diferentes momentos y motivaciones entre los venezolanos que se van del país. La revolución bolivariana se constituyó como un proyecto político que segregaba los viejos liderazgos partidistas, se estableció lo que denominaron la ‘Quinta República’ haciendo un parteaguas.
Dicha actitud se tradujo en el cierre de los espacios políticos y de participación con aquellos que no estuvieran dispuestos a someterse al nuevo orden chavista. Los viejos líderes políticos que no lograron reinventarse fueron excluidos y se vieron abocados a dejar el país. Desde el exterior alertaron de las pretensiones del chavismo, pero una mayoría electoral ávida de cambios no presentó el menor reparo en sacrificarlos. Una primera salida fue de aquellos políticos que se autoexiliaron por no compartir el cambio constitucional, pero sobre todo la forma en que el chavismo concebía hacer política.
Con ese cambio de la Constitución se permitió al presidente ampliar los temas de las llamadas leyes habilitantes. Aprovechando la mayoría en la Asamblea Nacional Chávez logró que se le diera el poder de legislar directamente sobre diferentes temas y sin participación de la oposición. Las leyes habilitantes existían desde la Constitución de 1961, pero es con la de 1999 que se amplió su espacio de acción, permitiéndole al presidente convertir en ley muchos de sus deseos.
Ello significó la pérdida de la seguridad jurídica en Venezuela, las medidas en diferentes materias, especialmente en las económicas causaron un malestar en la población opositora. La industria petrolera y su funcionamiento fue una de las grandes afectadas, se pasó de un criterio técnico a un criterio político alegando la defensa de los intereses del ‘pueblo’.
El resultado fue una gran movilización opositora que confluyó en manifestaciones, marchas, protestas y una tensión política creciente que no se resolvió, hasta que todo desembocó en el golpe de Estado del 11 de abril. Por primera vez en América Latina una tierra prolija en golpes, asonadas y juntas de gobierno, un presidente depuesto regresaba al poder con un discurso conciliador en el que prometía rectificar el rumbo.
Pero el ánimo de diálogo y conciliación fue rápidamente olvidado, el chavismo amparado en el golpe se radicalizó creando todo un aparataje de persecución política contra aquellos que participaron directamente en el golpe, o que simplemente no apoyaron con decisión a la revolución bolivariana en ese momento. Militares, funcionarios públicos, actores políticos, líderes del sector privado y ciudadanos vivieron la retaliación chavista: «con Chávez todo, sin Chávez nada». Un segundo grupo de exilados escapaba de la ira del presidente.
A ellos se sumaron aquellos que expresaron el deseo de un cambio. En medio de una gran polarización la comunidad internacional liderada por el Centro Carter y la Organización de los Estados Americanos, OEA, impulsaron la realización del referendo revocatorio como fórmula de destrabar la crisis política. En el marco de la recolección de firmas para la convocatoria de dicho mecanismo, el diputado Luis Tascón publicó en internet la lista de los firmantes con lo que creó un instrumento de persecución contra todos a aquellos que solicitaban la celebración del referendo.
Aquel que figurara en la ‘lista Tascón’ perdía su trabajo, el ascenso en el sector público o el contrato con el Estado. Después el instrumento evolucionó en el programa Maisanta, un software que cruzaba los firmantes del revocatorio con los instrumentos de información de los beneficiarios de las políticas del Estado, para negarles el acceso a derechos. En un país tan dependiente de las instituciones estatales esto significó la salida de un número importante de ciudadanos. El tercer grupo que se marchaba mezclaba temas políticos y económicos, pero se dio sobre todo en sectores que tenían capacidad de movilidad internacional y contaban con importantes capitales para reiniciar su vida en el exterior. Un número importante de ellos llegó a Colombia, con inversiones en sectores estratégicos de la industria y del comercio.
Para el 2007 el gobierno de Chávez quiso reformar la Constitución, pero el sector educativo y los estudiantes se opusieron, así propinaron la primera derrota electoral a la revolución bolivariana. Paralelo a esa confrontación un grupo importante de estudiantes venezolanos se fue a otros países para continuar sus estudios, a causa de la violencia y la polarización política. Las universidades colombianas empezaron a registrar la llegada de jóvenes venezolanos.
La diáspora de los jóvenes fue una de las señales más fuertes del deterioro que vivía Venezuela. Lo que en una primera instancia parecía la medida de unos cuantos padres tratando de resguardar a sus hijos de un ambiente peligroso, se fue convirtiendo en un cambio de visión del país. Los jóvenes sentían que en la Venezuela chavista no podrían desarrollar sus carreras y que no tendrían futuro.
Con la desaparición de Chávez y el ascenso de Nicolás Maduro en el 2013 se desencadenó el colapso del país. Las medidas políticas, económicas y sociales tomadas en los años de Chávez, limitaron la capacidad de respuesta del Estado a la caída internacional de los precios del petróleo. El sistema político chavista dependía de los grandes flujos de dinero que le permitían mantener una relación clientelar con el pueblo, así como institucionalizar la corrupción para el ejercicio del poder y controlar los cuerpos de seguridad legales e ilegales.
La crisis venezolana es la conjugación del desmonte de la democracia, la ruptura del monopolio de la fuerza, la pérdida del control territorial, la destrucción del sistema económico, el colapso de la infraestructura de servicios públicos y la ruina del sistema de asistencia social que terminan por desencadenar la salida del país de más de 4,1 millones de ciudadanos en menos de cuatro años, casi el 13 % de su población como resultado de 20 años de malas decisiones.
La expulsión de colombianos y sus familias de la zona de frontera en agosto del 2015 es considerado el inicio de la crisis migratoria venezolana. Si bien se cree que la mayoría de los que salieron durante ese periodo eran colombianos retornados, un porcentaje de ellos también eran venezolanos, o como es frecuente en la zona de frontera contaban con la doble nacionalidad. El Estado colombiano alertó a la comunidad internacional de lo sucedido y buscó llevar el tema a la OEA, pero la influencia venezolana en los países del Caribe evitó que el tema se discutiera en el escenario interamericano.
Posteriormente, el Gobierno venezolano cerró la frontera entre el 19 de agosto del 2015 y el 13 de agosto del 2016. Esta circunstancia dejó en evidencia la dependencia de la población venezolana a los bienes y servicios colombianos, incluso durante dicho periodo un grupo de mujeres rompió el cerramiento de las autoridades venezolanas y cruzaron los puentes para abastecerse en la ciudad de Cúcuta.
La presión obligó a la apertura parcial de la frontera durante los fines de semana a finales de julio e inicios de agosto en el 2016, en ese lapso llegaron a cruzar más de 450 000 venezolanos y se desencadenó la reapertura. Al paso de ciudadanos venezolanos buscando productos en el mercado colombiano, se respondió con la Tarjeta de migración fronteriza, la primera de las medidas temporales asumidas por el Gobierno colombiano para tratar de controlar el fenómeno, 1,3 millones de venezolanos expedirían dicho documento entre el 2017 y el 2018, para agosto del 2019, el último registro, llegó a la cifra de 3,9 millones.
En los últimos cuatro meses del 2016 ingresaron a Colombia 7,1 millones de venezolanos de los cuales regresaron a su país 6,9 millones, con un promedio diario de 50 000 ingresos, lo que obligó a las autoridades colombianas a instalar dos nuevos puestos de control en el puente Francisco de Paula Santander y en Puerto Santander. Así sumarían siete los puntos de control migratorio en la frontera entre Colombia y Venezuela para el 2017: Paraguachón, en La Guajira; el puente Simón Bolívar, en Norte de Santander; el puente José Antonio Páez, en Arauca; Puerto Carreño, en Vichada; Puerto Inírida, en Guainía, y los dos nuevos (Migración Colombia, 2018).
3. Gestión de la migración venezolana en Colombia
3.1 La respuesta colombiana
PMU, TMF, PEP, RAMV, PER-RAMV, PTT, TAM, GEM (7), aceptación de pasaportes vencidos, Gerencia de Frontera, proyecto de ley migratoria, entre otros decretos, circulares, resoluciones y declaraciones son parte de las medidas temporales que han tomado los gobiernos de Juan Manuel Santos, primero, e Iván Duque, después, para tratar de hacer frente al crecimiento exponencial de la migración.
Dado que la cédula de ciudadanía venezolana caduca cada diez años, entre 2013 y 2015, aquellos colombianos regularizados por Chávez se dirigieron a tramitar la renovación de su documento y descubrieron que los funcionarios se negaban a hacerlo. Las autoridades argumentaban que el documento no tenía respaldo en el registro venezolano, que solo era un documento electoral y por lo tanto ya no tenía validez. Lo cual fue particularmente grave, porque es durante este periodo que se establece el acceso a productos de la canasta básica con los últimos dígitos del documento.
En agosto del 2015 Nicolás Maduro decreta la llegada de las Operaciones para la Liberación del Pueblo —OLP— a la zona de frontera. Las OLP significaron un cambio en la dinámica migratoria de Venezuela, 1500 colombianos fueron expulsados y deportados arbitrariamente, y forzaron el retorno ‘voluntario’ de otros 20 000, según las cifras oficiales, y más de 32 000, según las organizaciones que atendieron la crisis humanitaria desencadenada por las medidas del gobierno de Maduro.
2.2 La diáspora venezolana: testimonio del deterioro gradual del país
Se identifican diferentes momentos y motivaciones entre los venezolanos que se van del país. La revolución bolivariana se constituyó como un proyecto político que segregaba los viejos liderazgos partidistas, se estableció lo que denominaron la ‘Quinta República’ haciendo un parteaguas.
Dicha actitud se tradujo en el cierre de los espacios políticos y de participación con aquellos que no estuvieran dispuestos a someterse al nuevo orden chavista. Los viejos líderes políticos que no lograron reinventarse fueron excluidos y se vieron abocados a dejar el país. Desde el exterior alertaron de las pretensiones del chavismo, pero una mayoría electoral ávida de cambios no presentó el menor reparo en sacrificarlos. Una primera salida fue de aquellos políticos que se autoexiliaron por no compartir el cambio constitucional, pero sobre todo la forma en que el chavismo concebía hacer política.
Con ese cambio de la Constitución se permitió al presidente ampliar los temas de las llamadas leyes habilitantes. Aprovechando la mayoría en la Asamblea Nacional Chávez logró que se le diera el poder de legislar directamente sobre diferentes temas y sin participación de la oposición. Las leyes habilitantes existían desde la Constitución de 1961, pero es con la de 1999 que se amplió su espacio de acción, permitiéndole al presidente convertir en ley muchos de sus deseos.
Ello significó la pérdida de la seguridad jurídica en Venezuela, las medidas en diferentes materias, especialmente en las económicas causaron un malestar en la población opositora. La industria petrolera y su funcionamiento fue una de las grandes afectadas, se pasó de un criterio técnico a un criterio político alegando la defensa de los intereses del ‘pueblo’.
El resultado fue una gran movilización opositora que confluyó en manifestaciones, marchas, protestas y una tensión política creciente que no se resolvió, hasta que todo desembocó en el golpe de Estado del 11 de abril. Por primera vez en América Latina una tierra prolija en golpes, asonadas y juntas de gobierno, un presidente depuesto regresaba al poder con un discurso conciliador en el que prometía rectificar el rumbo.
Pero el ánimo de diálogo y conciliación fue rápidamente olvidado, el chavismo amparado en el golpe se radicalizó creando todo un aparataje de persecución política contra aquellos que participaron directamente en el golpe, o que simplemente no apoyaron con decisión a la revolución bolivariana en ese momento. Militares, funcionarios públicos, actores políticos, líderes del sector privado y ciudadanos vivieron la retaliación chavista: «con Chávez todo, sin Chávez nada». Un segundo grupo de exilados escapaba de la ira del presidente.
A ellos se sumaron aquellos que expresaron el deseo de un cambio. En medio de una gran polarización la comunidad internacional liderada por el Centro Carter y la Organización de los Estados Americanos, OEA, impulsaron la realización del referendo revocatorio como fórmula de destrabar la crisis política. En el marco de la recolección de firmas para la convocatoria de dicho mecanismo, el diputado Luis Tascón publicó en internet la lista de los firmantes con lo que creó un instrumento de persecución contra todos a aquellos que solicitaban la celebración del referendo.
Aquel que figurara en la ‘lista Tascón’ perdía su trabajo, el ascenso en el sector público o el contrato con el Estado. Después el instrumento evolucionó en el programa Maisanta, un software que cruzaba los firmantes del revocatorio con los instrumentos de información de los beneficiarios de las políticas del Estado, para negarles el acceso a derechos. En un país tan dependiente de las instituciones estatales esto significó la salida de un número importante de ciudadanos. El tercer grupo que se marchaba mezclaba temas políticos y económicos, pero se dio sobre todo en sectores que tenían capacidad de movilidad internacional y contaban con importantes capitales para reiniciar su vida en el exterior. Un número importante de ellos llegó a Colombia, con inversiones en sectores estratégicos de la industria y del comercio.
Para el 2007 el gobierno de Chávez quiso reformar la Constitución, pero el sector educativo y los estudiantes se opusieron, así propinaron la primera derrota electoral a la revolución bolivariana. Paralelo a esa confrontación un grupo importante de estudiantes venezolanos se fue a otros países para continuar sus estudios, a causa de la violencia y la polarización política. Las universidades colombianas empezaron a registrar la llegada de jóvenes venezolanos.
La diáspora de los jóvenes fue una de las señales más fuertes del deterioro que vivía Venezuela. Lo que en una primera instancia parecía la medida de unos cuantos padres tratando de resguardar a sus hijos de un ambiente peligroso, se fue convirtiendo en un cambio de visión del país. Los jóvenes sentían que en la Venezuela chavista no podrían desarrollar sus carreras y que no tendrían futuro.
Con la desaparición de Chávez y el ascenso de Nicolás Maduro en el 2013 se desencadenó el colapso del país. Las medidas políticas, económicas y sociales tomadas en los años de Chávez, limitaron la capacidad de respuesta del Estado a la caída internacional de los precios del petróleo. El sistema político chavista dependía de los grandes flujos de dinero que le permitían mantener una relación clientelar con el pueblo, así como institucionalizar la corrupción para el ejercicio del poder y controlar los cuerpos de seguridad legales e ilegales.
La crisis venezolana es la conjugación del desmonte de la democracia, la ruptura del monopolio de la fuerza, la pérdida del control territorial, la destrucción del sistema económico, el colapso de la infraestructura de servicios públicos y la ruina del sistema de asistencia social que terminan por desencadenar la salida del país de más de 4,1 millones de ciudadanos en menos de cuatro años, casi el 13 % de su población como resultado de 20 años de malas decisiones.
La expulsión de colombianos y sus familias de la zona de frontera en agosto del 2015 es considerado el inicio de la crisis migratoria venezolana. Si bien se cree que la mayoría de los que salieron durante ese periodo eran colombianos retornados, un porcentaje de ellos también eran venezolanos, o como es frecuente en la zona de frontera contaban con la doble nacionalidad. El Estado colombiano alertó a la comunidad internacional de lo sucedido y buscó llevar el tema a la OEA, pero la influencia venezolana en los países del Caribe evitó que el tema se discutiera en el escenario interamericano.
Posteriormente, el Gobierno venezolano cerró la frontera entre el 19 de agosto del 2015 y el 13 de agosto del 2016. Esta circunstancia dejó en evidencia la dependencia de la población venezolana a los bienes y servicios colombianos, incluso durante dicho periodo un grupo de mujeres rompió el cerramiento de las autoridades venezolanas y cruzaron los puentes para abastecerse en la ciudad de Cúcuta.
La presión obligó a la apertura parcial de la frontera durante los fines de semana a finales de julio e inicios de agosto en el 2016, en ese lapso llegaron a cruzar más de 450 000 venezolanos y se desencadenó la reapertura. Al paso de ciudadanos venezolanos buscando productos en el mercado colombiano, se respondió con la Tarjeta de migración fronteriza, la primera de las medidas temporales asumidas por el Gobierno colombiano para tratar de controlar el fenómeno, 1,3 millones de venezolanos expedirían dicho documento entre el 2017 y el 2018, para agosto del 2019, el último registro, llegó a la cifra de 3,9 millones.
En los últimos cuatro meses del 2016 ingresaron a Colombia 7,1 millones de venezolanos de los cuales regresaron a su país 6,9 millones, con un promedio diario de 50 000 ingresos, lo que obligó a las autoridades colombianas a instalar dos nuevos puestos de control en el puente Francisco de Paula Santander y en Puerto Santander. Así sumarían siete los puntos de control migratorio en la frontera entre Colombia y Venezuela para el 2017: Paraguachón, en La Guajira; el puente Simón Bolívar, en Norte de Santander; el puente José Antonio Páez, en Arauca; Puerto Carreño, en Vichada; Puerto Inírida, en Guainía, y los dos nuevos (Migración Colombia, 2018).
3. Gestión de la migración venezolana en Colombia
3.1 La respuesta colombiana
PMU, TMF, PEP, RAMV, PER-RAMV, PTT, TAM, GEM (7), aceptación de pasaportes vencidos, Gerencia de Frontera, proyecto de ley migratoria, entre otros decretos, circulares, resoluciones y declaraciones son parte de las medidas temporales que han tomado los gobiernos de Juan Manuel Santos, primero, e Iván Duque, después, para tratar de hacer frente al crecimiento exponencial de la migración.
7 PMU Puestos de Mando Unificado; TMF Tarjeta de Movilidad Fronteriza; PEP Permiso Especial de Permanencia; RAMV Registro Administrativo de la Migración Venezolana; PEP-RAMV Exclusivo para venezolanos para Registrados en el RAMV; PTT Permiso de Tránsito Temporal; TAM Tarjeta Andina de Migración; GEM Grupo Especial Migratorio.
Antes de explicar algunas de las principales medidas del Gobierno es necesario destacar el papel de las organizaciones de la sociedad civil, de las diferentes iglesias y de muchos colombianos que a título individual decidieron apoyar a la migración venezolana.
Por el conflicto armado y el desplazamiento interno, el país contaba con una estructura de organizaciones internacionales, de la sociedad civil y de las comunidades religiosas para la atención de víctimas. Con la llegada de los venezolanos una parte importante de ese andamiaje organizacional se volcó a la atención de los inmigrantes y retornados.
Colombia no tiene experiencia en la recepción de migración y menos en la cantidad y condición que se plantea en el caso venezolano, pocos Estados podrían enfrentar un fenómeno de esta envergadura. No obstante, en el primer momento de atención humanitaria, la sociedad colombiana y sus organizaciones han respondido a la crisis. Ejemplos como el comedor Divina Providencia, en La Parada, Norte de Santander, el cual entrega más de 8000 almuerzos diarios, son un modelo de gestión de recursos, pero sobre todo de voluntades al contar con más de 300 voluntarios que diariamente dan de comer a los venezolanos y colombianos retornados.
Hasta la fecha nunca se ha cerrado la frontera por parte de las autoridades colombianas, ni tampoco se les ha exigido documentación adicional a los venezolanos para ingresar al territorio, y como política de Migración Colombia las autoridades de control fronterizo han permitido los flujos sin criminalizar la migración por su condición irregular, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, en países de Europa y otros grandes polos de atracción migratoria.
Por el conflicto armado y el desplazamiento interno, el país contaba con una estructura de organizaciones internacionales, de la sociedad civil y de las comunidades religiosas para la atención de víctimas. Con la llegada de los venezolanos una parte importante de ese andamiaje organizacional se volcó a la atención de los inmigrantes y retornados.
Colombia no tiene experiencia en la recepción de migración y menos en la cantidad y condición que se plantea en el caso venezolano, pocos Estados podrían enfrentar un fenómeno de esta envergadura. No obstante, en el primer momento de atención humanitaria, la sociedad colombiana y sus organizaciones han respondido a la crisis. Ejemplos como el comedor Divina Providencia, en La Parada, Norte de Santander, el cual entrega más de 8000 almuerzos diarios, son un modelo de gestión de recursos, pero sobre todo de voluntades al contar con más de 300 voluntarios que diariamente dan de comer a los venezolanos y colombianos retornados.
Hasta la fecha nunca se ha cerrado la frontera por parte de las autoridades colombianas, ni tampoco se les ha exigido documentación adicional a los venezolanos para ingresar al territorio, y como política de Migración Colombia las autoridades de control fronterizo han permitido los flujos sin criminalizar la migración por su condición irregular, como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, en países de Europa y otros grandes polos de atracción migratoria.
“Colombia no tiene experiencia en la recepción de migración y menos en la cantidad y condición que se plantea en el caso venezolano, pocos Estados podrían enfrentar un fenómeno de esta envergadura”.
Una de las primeras acciones del Estado colombiano fue la creación de los Puestos de Mando Unificado —PMU— para coordinar las acciones de las diferentes autoridades en torno a la migración, sobre todo en la zona de frontera. La comunicación y el diálogo entre las diferentes instituciones y organizaciones es fundamental para el abordaje del fenómeno, particularmente en la primera fase de emergencia humanitaria.
En la misma dirección surgió el Grupo Especial Migratorio —GEM— con el fin de darle un abordaje desde una visión ampliada de seguridad al tema. Creado en febrero del 2018 reconoce que la migración trasciende las fronteras y requiere coordinación permanente entre la Policía Nacional, Migración Colombia, el Bienestar Familiar y la Dirección de Impuestos.
En la misma dirección surgió el Grupo Especial Migratorio —GEM— con el fin de darle un abordaje desde una visión ampliada de seguridad al tema. Creado en febrero del 2018 reconoce que la migración trasciende las fronteras y requiere coordinación permanente entre la Policía Nacional, Migración Colombia, el Bienestar Familiar y la Dirección de Impuestos.
Fotografía: Ginna Morelo
Robín Torres es un peluquero de 46 años y su casa está ubicada al fondo de un callejón en el barrio La Vega, Caracas. La foto fue tomada a mediados de 2018.
Pero la acción más notoria en términos de estructura organizacional desde el Gobierno es la creación de la oficina de Gerencia de Frontera de la Presidencia de la República, como facilitadora de la articulación institucional frente a la migración. Una especie de consejería que busca coordinar desde el Poder Ejecutivo la institucionalidad del Estado en sus diferentes niveles: nacional, regional, departamental y municipal, con la cooperación internacional, las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias, los medios de comunicación y la academia, en estrecho trabajo con Migración Colombia y con la oficina de fronteras de la Cancillería. Creada a inicios del 2018 ha sido fundamental para armonizar, en medio de las posibilidades, la respuesta. Sin embargo, la Gerencia de Frontera adolece de una falta de institucionalidad y requiere una mayor capacidad para ir más allá de la coordinación y poder pasar a la atención.
En medio de la crisis humanitaria desencadenada por la migración la respuesta fue de contingencia, como si se tratara de un desastre natural, lo que explica el papel que ha jugado la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, sin embargo, el tema requiere ser gestionado con medidas de mediano y largo plazo y a través de una institucionalidad adecuada que la soporte.
La legislación sobre la materia migratoria se encuentra dispersa en diferentes leyes, decretos, resoluciones, circulares, etc. En parte porque no se había requerido ni necesitado, y solo de manera muy reciente se preocupó por los colombianos en el exterior. Ahora que ya han pasado cuatro años y que el flujo migratorio continúa creciendo, se requiere un marco legal menos reactivo y mucho más propositivo y orientador.
En el Congreso el tema migratorio se ha abordado en algunos proyectos desde una perspectiva de atención a la diáspora colombiana, o de la protección de los niños en riesgo de apatridia, y otras de menor calidad que solo han buscado pescar en el momento político. El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó un proyecto que tiene un carácter marco, que busca unificar toda la legislación y las diferentes actuaciones, y abrir el debate a temas complejos sobre la materia migratoria con el fin de establecer el consenso nacional, no obstante, algunos temas son abordados de forma tan general que al finalizar el debate todo es posible, incluso una respuesta restrictiva.
Con el paso de los meses y años muchas acciones han requerido de medidas extraordinarias, los ministerios de Salud, Educación y Trabajo han tenido que expedir circulares y normativas para amparar la atención que se hace desde los municipios y los departamentos, varias autoridades locales no saben cómo responder ante la crisis y temen que si usan los recursos destinados para la población colombiana después puedan ser investigados y sancionados.
La Corte Constitucional ha proferido sentencias para garantizar el acceso al sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes venezolanos; y se le ha concedido a la población migrante el derecho a la atención de urgencias médicas independiente de su estatus migratorio, incluso si se encuentra irregular en el país.
En el mismo sentido, el Gobierno colombiano decidió en agosto del 2019 otorgar de forma excepcional la nacionalidad temporal a los niños de padres venezolanos que nacieron en el territorio nacional después de agosto del 2015, actuando en consonancia con las responsabilidades internacionales adquiridas por el Estado y para evitar los riesgos de apatridia a la que ha expuesto el gobierno de Nicolás Maduro a los hijos de los migrantes.
En medio de la crisis humanitaria desencadenada por la migración la respuesta fue de contingencia, como si se tratara de un desastre natural, lo que explica el papel que ha jugado la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, sin embargo, el tema requiere ser gestionado con medidas de mediano y largo plazo y a través de una institucionalidad adecuada que la soporte.
La legislación sobre la materia migratoria se encuentra dispersa en diferentes leyes, decretos, resoluciones, circulares, etc. En parte porque no se había requerido ni necesitado, y solo de manera muy reciente se preocupó por los colombianos en el exterior. Ahora que ya han pasado cuatro años y que el flujo migratorio continúa creciendo, se requiere un marco legal menos reactivo y mucho más propositivo y orientador.
En el Congreso el tema migratorio se ha abordado en algunos proyectos desde una perspectiva de atención a la diáspora colombiana, o de la protección de los niños en riesgo de apatridia, y otras de menor calidad que solo han buscado pescar en el momento político. El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó un proyecto que tiene un carácter marco, que busca unificar toda la legislación y las diferentes actuaciones, y abrir el debate a temas complejos sobre la materia migratoria con el fin de establecer el consenso nacional, no obstante, algunos temas son abordados de forma tan general que al finalizar el debate todo es posible, incluso una respuesta restrictiva.
Con el paso de los meses y años muchas acciones han requerido de medidas extraordinarias, los ministerios de Salud, Educación y Trabajo han tenido que expedir circulares y normativas para amparar la atención que se hace desde los municipios y los departamentos, varias autoridades locales no saben cómo responder ante la crisis y temen que si usan los recursos destinados para la población colombiana después puedan ser investigados y sancionados.
La Corte Constitucional ha proferido sentencias para garantizar el acceso al sistema educativo de los niños, niñas y adolescentes venezolanos; y se le ha concedido a la población migrante el derecho a la atención de urgencias médicas independiente de su estatus migratorio, incluso si se encuentra irregular en el país.
En el mismo sentido, el Gobierno colombiano decidió en agosto del 2019 otorgar de forma excepcional la nacionalidad temporal a los niños de padres venezolanos que nacieron en el territorio nacional después de agosto del 2015, actuando en consonancia con las responsabilidades internacionales adquiridas por el Estado y para evitar los riesgos de apatridia a la que ha expuesto el gobierno de Nicolás Maduro a los hijos de los migrantes.
Se presentan casos en los que se limita el disfrute de los derechos a la población venezolana y a los colombianos retornados por el desconocimiento e ignorancia sobre las medidas existentes por parte de los funcionarios públicos y privados. En algunos casos se pueden tipificar como xenofobia institucional, es decir comportamientos que desconocen los derechos de las personas por su nacionalidad u origen y alegando la falta de claridad se les niega el acceso a servicios.
El rechazo hacia el migrante y las prácticas securitizantes y de contención migratoria, resultado de imaginarios negativos alimentados desde múltiples sectores, se han convertido en tendencia global. Frente al tema de la movilidad humana venezolana han aparecido diferentes respuestas que estigmatizan la migración y crean mitos que afectan el proceso de inclusión e integración. Por un lado, las respuestas malintencionadas que responsabilizan a la inmigración de los problemas sociales, económicos y de seguridad de los países receptores en la región empiezan a ser un asunto preocupante y Colombia no es la excepción, donde aparecen cada vez más brotes de xenofobia, algunos promovidos incluso por posturas exaltativas y sentimentales a favor de la migración.
Una postura que de igual manera afecta la inclusión e integración de los migrantes. Hacer apologías de las cualidades académicas y las habilidades profesionales de los venezolanos respecto de las comunidades receptoras genera implícitamente un celo y desconfianza, que habitualmente da lugar a respuestas que buscan socavar dicha valoración y se construyen mitos como: «que los venezolanos son perezosos», «que no les gusta trabajar», «que todos son chavistas».
Igualmente, las argumentaciones sentimentales son más problemáticas, recurrir a la motivación por lástima, brindar apoyo en consideración al sufrimiento establece una relación de desigualdad implícita. Se les ayuda: «porque tienen menos», «porque lo perdieron todo», «porque lo requieren», pero ello establece una relación en la cual se queda en deuda. Como se les ayudó ellos deben mostrar sumisión, obediencia, deben ser agradecidos, pero no iguales.
3.2 Migración pendular, un desafío para la gestión migratoria
La migración venezolana a Colombia comparte muchos elementos de los fenómenos migratorios globales, uno de los grandes retos del siglo XXI, no obstante, tiene elementos que la diferencian de otros procesos como el sirio, el africano en el Mediterráneo, los rohinyás en Birmania y el centroamericano en la frontera sur de los Estados Unidos, que a pesar de ser asumido por los colombianos y venezolanos como algo normal e histórico, resulta bastante particular.
Colombia tiene vecindad con diez Estados (8) pero solamente dos fronteras vivas, Ecuador al sur y Venezuela al oriente, con este último comparte una frontera de 2219 kilómetros, en la que convergen siete departamentos: La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía, de norte a sur, y 39 municipios. Ellos limitan con 4 de los 23 estados venezolanos: Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, y 20 de sus municipios.
El rechazo hacia el migrante y las prácticas securitizantes y de contención migratoria, resultado de imaginarios negativos alimentados desde múltiples sectores, se han convertido en tendencia global. Frente al tema de la movilidad humana venezolana han aparecido diferentes respuestas que estigmatizan la migración y crean mitos que afectan el proceso de inclusión e integración. Por un lado, las respuestas malintencionadas que responsabilizan a la inmigración de los problemas sociales, económicos y de seguridad de los países receptores en la región empiezan a ser un asunto preocupante y Colombia no es la excepción, donde aparecen cada vez más brotes de xenofobia, algunos promovidos incluso por posturas exaltativas y sentimentales a favor de la migración.
Una postura que de igual manera afecta la inclusión e integración de los migrantes. Hacer apologías de las cualidades académicas y las habilidades profesionales de los venezolanos respecto de las comunidades receptoras genera implícitamente un celo y desconfianza, que habitualmente da lugar a respuestas que buscan socavar dicha valoración y se construyen mitos como: «que los venezolanos son perezosos», «que no les gusta trabajar», «que todos son chavistas».
Igualmente, las argumentaciones sentimentales son más problemáticas, recurrir a la motivación por lástima, brindar apoyo en consideración al sufrimiento establece una relación de desigualdad implícita. Se les ayuda: «porque tienen menos», «porque lo perdieron todo», «porque lo requieren», pero ello establece una relación en la cual se queda en deuda. Como se les ayudó ellos deben mostrar sumisión, obediencia, deben ser agradecidos, pero no iguales.
3.2 Migración pendular, un desafío para la gestión migratoria
La migración venezolana a Colombia comparte muchos elementos de los fenómenos migratorios globales, uno de los grandes retos del siglo XXI, no obstante, tiene elementos que la diferencian de otros procesos como el sirio, el africano en el Mediterráneo, los rohinyás en Birmania y el centroamericano en la frontera sur de los Estados Unidos, que a pesar de ser asumido por los colombianos y venezolanos como algo normal e histórico, resulta bastante particular.
Colombia tiene vecindad con diez Estados (8) pero solamente dos fronteras vivas, Ecuador al sur y Venezuela al oriente, con este último comparte una frontera de 2219 kilómetros, en la que convergen siete departamentos: La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía, de norte a sur, y 39 municipios. Ellos limitan con 4 de los 23 estados venezolanos: Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, y 20 de sus municipios.
8 Cinco terrestres: Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá, y cinco marítimos: Nicaragua, Jamaica, Haití, República Dominicana y Costa Rica por la cuenca del Pacífico, sin contar Honduras, vecindad que se modificó por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de noviembre del 2012
No se puede ver la frontera como un espacio homogéneo y único, el gobierno de Juan Manuel Santos reconoció que existen por lo menos seis subregiones que limitan con Venezuela: la alta Guajira, la serranía del Perijá, el Catatumbo, la Andina, la Orinoquía y la Amazonía. Zonas con poblaciones distintas y con demandas diferentes. En dicha área también se identifican por lo menos ocho grupos indígenas: barí-motilón, guajiros-wayúus, hitnu-macaguán, piaroa-guagua, puinave-uaipi, sikuane-guahibo, u’wa-tunebos, yukpa-yuco (Sociedad Geográfica de Colombia, 2019).
Una frontera en la que inicialmente convergen 11,5 millones de personas de las dos naciones, sin embargo, se tienen registros del desplazamiento interno de lado venezolano, lo que modifica el relacionamiento en el área. Hoy varios millones de venezolanos que dependen del paso a Colombia, un tema que se suma al fenómeno migratorio, pero que resulta más complejo de atender por las dificultades para formular política pública con una población flotante. Incluso se tienen reportes de personas que vienen desde los estados orientales de Venezuela, atravesando todo el país, para conseguir medicinas del lado colombiano de la frontera.
No es propiamente migración, pero confluyen varias dinámicas asociadas al fenómeno migratorio. Es el paso constante para acceder a servicios médicos y educativos, y a los productos de la canasta básica, generando una presión que es difícil de medir. Pero a su vez trae recursos al ser uno de los puntos en el que se mueven las remesas de la diáspora venezolana.
Históricamente la zona de frontera tiene problemas estructurales de cobertura de servicios públicos respecto de los niveles nacionales y de Bogotá, así como unos índices importantes de pobreza y pobreza extrema, de hecho, muchos de los habitantes de estas áreas dependían de Venezuela (ver tablas anexas).
La migración pendular entendida como ese paso constante es un elemento característico del fenómeno migratorio colombo-venezolano que lo hacen complejo y diferente a otros. Para este tipo de migración no se han establecido medidas más allá de la TMF, pero su complejidad será fundamental en áreas donde el conflicto armado y los cultivos de coca dificultan la inclusión e integración, o tal vez construyen sus propias formas de inclusión e integración.
CONCLUSIONES
▪️ Actualmente Colombia participa de múltiples dinámicas de movilidad humana. Históricamente ha presentado altas tasas de desplazamiento interno producto de décadas de conflicto; simultáneamente, ha sido un gran emisor de migración a múltiples destinos y un país inserto en las rutas migratorias hacia Norte América, convirtiéndolo desde inicios del siglo XXI, en un país de tránsito para flujos mixtos de migración del Caribe y extracontinental.
▪️ En el último cuatrienio, se ha sumado la llegada masiva de población venezolana y de retornados colombianos de primera, segunda y tercera generación. Siendo una migración eminentemente terrestre que ingresa diariamente por los puestos de control fronterizo y los cientos de caminos no oficiales que se ubican a lo largo de la frontera, con un 42 % de irregularidad, y que presenta diferentes tipos de movilidad humana: migración pendular, con vocación de permanencia y en tránsito hacia terceros países de la región.
▪️ Un complejo panorama que demanda la articulación del Estado colombiano, acciones rápidas para cubrir las necesidades esenciales de una población que en gran medida requiere protección internacional, la definición de una política migratoria integral y un consenso social en el que diversos sectores dirijan acciones para recibir la migración desde un enfoque positivo y beneficioso para el país.
▪️ Venezuela ha pasado de ser uno de los principales polos de atracción migratoria de Latinoamérica a ser, desde el 2015, el mayor expulsor de población después de Siria, que generó una crisis migratoria regional sin precedentes que plantea grandes desafíos a corto, mediano y largo plazo. La diáspora venezolana es un claro testimonio de la crisis humanitaria, y Colombia al compartir una extensa frontera es el principal destino de esta migración que ha llegado desde hace dos décadas con diversos perfiles que prueban el deterioro gradual de las condiciones políticas, económicas y sociales en el vecino país.
▪️ Colombia está pasando a una segunda fase como país de acogida migratoria, una fase de consolidación de la migración venezolana donde se fortalece cada vez más las redes migratorias, aumenta los casos de reunificación familiar y se deben tomar medidas excepcionales como el nacionalizar a los más de 24 000 niños hijos de venezolanos nacidos en territorio colombiano. Una realidad que nos llevan a pensar como Estado y como sociedad, en la planeación y ejecución de una gestión migratoria mucho más profunda, que vaya más allá de la recepción temporal con medidas de contingencia y que cree canales de integración social a largo plazo para un número creciente de familias con las que compartimos una vecindad y en algunos casos la binacionalidad.
▪️ Si bien las relaciones bilaterales pasan por su peor momento, se tejen cada vez más vínculos con Venezuela. La migración y la reconfiguración demográfica en la frontera venezolana por motivos de abastecimiento hacen que cada vez más personas dependan del paso fronterizo y la migración pendular aumente cada vez más, forjándose así una amalgama entre dos naciones que comparten historia, territorio, desarrollo y cultura.
Una frontera en la que inicialmente convergen 11,5 millones de personas de las dos naciones, sin embargo, se tienen registros del desplazamiento interno de lado venezolano, lo que modifica el relacionamiento en el área. Hoy varios millones de venezolanos que dependen del paso a Colombia, un tema que se suma al fenómeno migratorio, pero que resulta más complejo de atender por las dificultades para formular política pública con una población flotante. Incluso se tienen reportes de personas que vienen desde los estados orientales de Venezuela, atravesando todo el país, para conseguir medicinas del lado colombiano de la frontera.
No es propiamente migración, pero confluyen varias dinámicas asociadas al fenómeno migratorio. Es el paso constante para acceder a servicios médicos y educativos, y a los productos de la canasta básica, generando una presión que es difícil de medir. Pero a su vez trae recursos al ser uno de los puntos en el que se mueven las remesas de la diáspora venezolana.
Históricamente la zona de frontera tiene problemas estructurales de cobertura de servicios públicos respecto de los niveles nacionales y de Bogotá, así como unos índices importantes de pobreza y pobreza extrema, de hecho, muchos de los habitantes de estas áreas dependían de Venezuela (ver tablas anexas).
La migración pendular entendida como ese paso constante es un elemento característico del fenómeno migratorio colombo-venezolano que lo hacen complejo y diferente a otros. Para este tipo de migración no se han establecido medidas más allá de la TMF, pero su complejidad será fundamental en áreas donde el conflicto armado y los cultivos de coca dificultan la inclusión e integración, o tal vez construyen sus propias formas de inclusión e integración.
CONCLUSIONES
▪️ Actualmente Colombia participa de múltiples dinámicas de movilidad humana. Históricamente ha presentado altas tasas de desplazamiento interno producto de décadas de conflicto; simultáneamente, ha sido un gran emisor de migración a múltiples destinos y un país inserto en las rutas migratorias hacia Norte América, convirtiéndolo desde inicios del siglo XXI, en un país de tránsito para flujos mixtos de migración del Caribe y extracontinental.
▪️ En el último cuatrienio, se ha sumado la llegada masiva de población venezolana y de retornados colombianos de primera, segunda y tercera generación. Siendo una migración eminentemente terrestre que ingresa diariamente por los puestos de control fronterizo y los cientos de caminos no oficiales que se ubican a lo largo de la frontera, con un 42 % de irregularidad, y que presenta diferentes tipos de movilidad humana: migración pendular, con vocación de permanencia y en tránsito hacia terceros países de la región.
▪️ Un complejo panorama que demanda la articulación del Estado colombiano, acciones rápidas para cubrir las necesidades esenciales de una población que en gran medida requiere protección internacional, la definición de una política migratoria integral y un consenso social en el que diversos sectores dirijan acciones para recibir la migración desde un enfoque positivo y beneficioso para el país.
▪️ Venezuela ha pasado de ser uno de los principales polos de atracción migratoria de Latinoamérica a ser, desde el 2015, el mayor expulsor de población después de Siria, que generó una crisis migratoria regional sin precedentes que plantea grandes desafíos a corto, mediano y largo plazo. La diáspora venezolana es un claro testimonio de la crisis humanitaria, y Colombia al compartir una extensa frontera es el principal destino de esta migración que ha llegado desde hace dos décadas con diversos perfiles que prueban el deterioro gradual de las condiciones políticas, económicas y sociales en el vecino país.
▪️ Colombia está pasando a una segunda fase como país de acogida migratoria, una fase de consolidación de la migración venezolana donde se fortalece cada vez más las redes migratorias, aumenta los casos de reunificación familiar y se deben tomar medidas excepcionales como el nacionalizar a los más de 24 000 niños hijos de venezolanos nacidos en territorio colombiano. Una realidad que nos llevan a pensar como Estado y como sociedad, en la planeación y ejecución de una gestión migratoria mucho más profunda, que vaya más allá de la recepción temporal con medidas de contingencia y que cree canales de integración social a largo plazo para un número creciente de familias con las que compartimos una vecindad y en algunos casos la binacionalidad.
▪️ Si bien las relaciones bilaterales pasan por su peor momento, se tejen cada vez más vínculos con Venezuela. La migración y la reconfiguración demográfica en la frontera venezolana por motivos de abastecimiento hacen que cada vez más personas dependan del paso fronterizo y la migración pendular aumente cada vez más, forjándose así una amalgama entre dos naciones que comparten historia, territorio, desarrollo y cultura.
ANEXOS
Población, migración, cobertura de servicios públicos, pobreza y pobreza extrema a nivel nacional, Bogotá y en los departamentos de frontera
Convenciones de la tabla: N/D: No hay datos. Pobreza: se entiende como pobreza monetaria: «ocurre cuando el ingreso mensual per cápita de un hogar se sitúa por debajo de la línea de pobreza monetaria». Línea de pobreza: se entiende como línea de pobreza monetaria: «es el resultado de combinar dos elementos, a saber, el valor de la canasta básica de alimentos (línea de pobreza extrema) y el coeficiente de Orshansky. Es la multiplicación del valor de la línea de pobreza extrema por el coeficiente de Orshansky». Pobreza extrema: se entiende como pobreza extrema o indigencia monetaria: «ocurre cuando el ingreso mensual per cápita de un hogar se sitúa por debajo de la línea de indigencia (pobreza extrema) monetaria» (DANE, 2017). Línea de pobreza extrema: se entiende como línea de indigencia monetaria (LI): «valor que representa el ingreso mínimo necesario, por persona, para cubrir el costo de una canasta básica de alimentos, que tenga los requerimientos calóricos adecuados» (DANE, 2017). La Información de pobreza, línea de pobreza, pobreza extrema y línea de pobreza corresponde al año 2017, por el procesamiento del Censo del 2018 no se tienen datos más actualizados a la fecha de entrega del presente informe, 10 de julio del 2019. Los datos de la tabla corresponden a los boletines técnicos de pobreza monetaria de Bogotá, La Guajira, Cesar, Norte de Santander y Boyacá; no se tuvo acceso a los de Arauca, Vichada y Guainía. Fuente: Datos de la cobertura de servicios públicos es del Censo del DANE 2018. Datos de la población nacional y por departamento a partir de las proyecciones para el 2017 Colombia del DANE 49 291 609. Datos de migración corresponden a la información oficial entregada por Migración Colombia al 31 de marzo del 2019.
Población y migración de Venezuela
Con información de las proyecciones de población para el año 2019 del Instituto Nacional de Estadística de la República Bolivariana de Venezuela, del Portal operacional situaciones de refugiados y migrantes de Venezuela, y de Migración Colombia.
Referencias
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Consejo Nacional de Política Económica y Social. (2018).Estrategia para la atención de la migración desde Venezuela.
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Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2018c). Boletín técnico. Pobreza monetaria Cesar. Año 2017.
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