INVESTIGACIÓN
Los migrantes 'invisibles' del Amazonas
Por Gabriel Arriarán
Un traficante y una niña cruzaron una frontera y atravesaron el Perú sin que pudieran ser detectados. Una historia que solo se explica por la desidia de los tres Estados fronterizos en el Trapecio Amazónico y un pasado de despojo.
Fotografía: Gabriel Arriarán
El río Amazonas es tan amplio, y la cantidad de botes particulares transitando por él de orilla a orilla es tan amplio, que en la práctica se hace difícil que las autoridades de los tres países ejerzan un control certero sobre quiénes se embarcan de un país a otro en el Trapecio Amazónico.
A Natalia le habían dejado a cuenta 70 soles de los 300 que iban a pagarle mensualmente por cuidar a dos niños de la familia Peña Mendoza en Huamanga, una ciudad del centro sur del Perú.
La patrona de la casa se llamaba Yanina y era gerente, directora y profesora del Centro de Educación Técnico–Productiva Hair School, ubicado en el distrito de San Juan Bautista, un barrio de clase media provinciana en la capital de Ayacucho. Al patrón, semanas después, lo apodarían el ‘Tigrillo’ en los boletines policiales, pero su nombre era Zenón Peña Camara; comerciante. Era él quién había traído a Natalia desde la ciudad colombiana de Leticia hasta Huamanga.
Mendoza y los dos niños de la familia estaban por irse de vacaciones a la playa de Hueso de Ballena, en Puerto Pizarro, Tumbes, cerca de la frontera con el Ecuador. Peña Camara regresaría al Trapecio a trabajar en el comercio de su madre, Leonarda Camara Pizango, que luego sería conocida en las páginas judiciales de los periódicos como la ‘Tigresa’. Madre e hijo: la ‘Tigresa’ y el ‘Tigrillo’.
Natalia se quedaría sola en la casa, con sus setenta soles. Veinte eran para comprar azúcar y arroz. Con los restantes cincuenta podría almorzar un menú en algún restaurante del barrio. Los trescientos soles que habían prometido pagarle mensualmente eran menos de la mitad del sueldo mínimo de ley fijado en el Perú.
Es el 15 de febrero del 2018. Durante su breve estancia en Huamanga, Natalia había hecho algunos amigos. En alguna de aquellas primeras noches por su cuenta los invitó a tomar unos tragos a casa de sus patrones. Eran dos chicos y una chica. En la carpeta archivada en el Ministerio Público de Huamanga consta que aquella noche los chicos libaron licor, y que la amiga indujo a Natalia mantener «contacto de índole sexual con uno» de los otros dos chicos. Natalia se negó. El chico intentó forzarla. Su respuesta, además, generó una discusión con la otra chica. Al día siguiente, la nana colombiana llamó a su madre, Olga, quien vivía en el poblado ribereño de Puerto Nariño, sobre el río Amazonas. Le pidió que la llevara de vuelta a casa. Olga ya había puesto una denuncia por la desaparición de su hija.
Inmediatamente después de la llamada, la Policía colombiana se puso en contacto con sus pares peruanos. Al día siguiente, el 16 de febrero del 2018, la patrona Yanina Mendoza, en la playa, recibe un telefonazo de su vecina. Hay un grupo de policías frente a su casa, en Huamanga.
Agentes peruanos han acudido al inmueble y hallado a Natalia. Constatan que compartía la habitación con los menores hijos de la pareja. Que tenía su propia cama. Que los patrones habían asumido sus costos de alimentación e higiene, que le habían comprado algo de ropa, pero que no la enviaban al colegio.
La Policía rescata a la menor y la pone a disposición de la Unidad de Víctimas y Testigos (Udavit) del Ministerio Público del Perú, donde le practican los exámenes médico legistas correspondientes. Según aparece en la Disposición de Apertura de Investigación Preliminar de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, en Loreto, Natalia manifestó que había sido víctima de una violación sexual, de la privación de su libertad y de explotación laboral. Las pruebas legistas determinan que, en efecto, la menor había consumido alcohol (tenía 0,06 mg de alcohol etílico en la sangre), y que presentaba «signos de lesiones extragenitales recientes» ocasionados por un «agente contundente duro y (de) superficie áspera».
El informe del perito no es preciso en cuanto a si la menor fue o no violada sexualmente, pero da a entender que, como mínimo, hubo algún tipo de forcejeo de esta índole.
Cumplidos estos requisitos, Natalia pasa los tres meses siguientes en un centro de atención residencial, un albergue especializado para acoger a menores en riesgo, hasta que un cónsul de Colombia en el Perú va a buscarla y la retorna a su familia.
El caso arrojaría luces sobre cómo funciona la trata de personas en el Trapecio Amazónico. Para las autoridades colombianas, este caso, también, destaparía a una presunta red de tráfico ilícito de migrantes que operaba en el Trapecio Amazónico, entre Colombia y Perú. Mientras que, para las autoridades peruanas, la existencia de esta presunta red es un completo misterio.
EL PESO DE LA HISTORIA
A lo largo de los últimos 150 años, lo que ahora es la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia ha atravesado varias bonanzas económicas. Cada una de ellas con modalidades de explotación de la mano de obra muy similares. En todos los casos, estas fiebres extractivas condujeron a formas esclavistas de trabajo: el caucho, la madera, la minería ilegal, y ahora, claro, el cultivo de la coca y el narcotráfico.
Circa, 1907, un juez peruano llamado Carlos Valcárcel y un comisionado especial del Reino Unido, luego condenado a muerte, sir Roger Casement —los ingleses nunca le perdonaron que un servidor del servicio diplomático victoriano se destapara posteriormente como el homosexual que les estaba liderando una revuelta nacionalista en Irlanda— investigaron y reportaron en profundidad los que luego serían conocidos como Los crímenes del Putumayo: el genocidio que el barón del caucho, Julio César Arana, había cometido con los pueblos yagua, huitoto y ticuna en lo que hoy conocemos como el Trapecio Amazónico. Muckcrackers, sin ser hombres de prensa, ambos, Valcárcel y Casement, en la práctica fungieron como periodistas de investigación.
Shamanism, Colonialism and the Wild Man. A Study in Terror and Healing, la poderosa etnografía del antropólogo australiano Michael Taussig, recogió estas investigaciones y, además, dio exhaustiva cuenta de la larga historia de colonialismo y despojo que sufrieron los pueblos indígenas y, en general, los trabajadores de las fronteras entre Perú, Brasil y Colombia. El caucho instauraría en la cuenca amazónica un modelo extractivista, colonial y esclavista, que posteriormente solo necesitaría de una alta demanda y un aumento súbito en los precios internacionales de cualquier materia prima, para replicarse con la madera, el oro o la coca. El Trapecio tiene una historia. Esa historia todavía pesa en el presente. Y forma parte de la vida de Natalia.
POROSIDAD E INVISIBILIDAD EN LA FRONTERA
Un número indeterminado de botes particulares y de transporte público van y vienen entre los puertos brasileños, peruanos y colombianos, tanto formales como informales, en un régimen de zona franca, sin que las autoridades de ninguno de los tres países hagan mayor esfuerzo por controlarlos o fiscalizarlos. El comercio y la movilidad de las personas entre las tres fronteras es constante e intenso. Los controles migratorios en las ciudades gemelas de Leticia y Tabatinga, en Colombia y Brasil respectivamente, y en la isla de Santa Rosa, en el Perú, por el contrario, son mínimos.
Para esta misma investigación fue posible salir del Perú sin sellar el pasaporte ni presentar documento alguno, y establecerme una semana en un hotel de Leticia, sin pasar por migraciones, ni en Perú, ni en Colombia. Y una vez instalado en Leticia, ingresé a Tabatinga, en territorio brasileño, todas las veces que quise: en moto, a pie, en taxi, en bote.
La libertad de movimiento entre estas tres fronteras es total. Y las familias suelen aprovecharla para sacar lo mejor que cada país tiene para ofrecerles. Así, pueden vivir en Colombia, por ejemplo, pero estudiar en la universidad en Brasil, y luego, los fines de semana por la noche, los jóvenes cruzan el Amazonas en un bote y salen a divertirse a las discotecas que funcionan sobre balsas en el Perú. Es aquí donde se concentra con claridad la explotación sexual de las víctimas de trata de personas. La etnia ticuna, el pueblo indígena por excelencia del Trapecio, conforma la base cultural de esta dinámica seminómada. «Es un tema cultural», confirma Andrea Buitrago, funcionaria de la Defensoría del Pueblo en Leticia. En gran medida las fronteras nacionales se rayaron sobre su territorio ancestral indígena, y tuvieron un impacto en la conformación de familias multinacionales. Un patrón que, como en toda frontera, se repite también en las familias ribereñas y mestizas, hijas de los colonizadores que llegaron a este lugar con las fiebres extractivas anteriormente mencionadas. Esta cultura seminómada del Trapecio también jugó un papel en la historia de Natalia.
La patrona de la casa se llamaba Yanina y era gerente, directora y profesora del Centro de Educación Técnico–Productiva Hair School, ubicado en el distrito de San Juan Bautista, un barrio de clase media provinciana en la capital de Ayacucho. Al patrón, semanas después, lo apodarían el ‘Tigrillo’ en los boletines policiales, pero su nombre era Zenón Peña Camara; comerciante. Era él quién había traído a Natalia desde la ciudad colombiana de Leticia hasta Huamanga.
Mendoza y los dos niños de la familia estaban por irse de vacaciones a la playa de Hueso de Ballena, en Puerto Pizarro, Tumbes, cerca de la frontera con el Ecuador. Peña Camara regresaría al Trapecio a trabajar en el comercio de su madre, Leonarda Camara Pizango, que luego sería conocida en las páginas judiciales de los periódicos como la ‘Tigresa’. Madre e hijo: la ‘Tigresa’ y el ‘Tigrillo’.
Natalia se quedaría sola en la casa, con sus setenta soles. Veinte eran para comprar azúcar y arroz. Con los restantes cincuenta podría almorzar un menú en algún restaurante del barrio. Los trescientos soles que habían prometido pagarle mensualmente eran menos de la mitad del sueldo mínimo de ley fijado en el Perú.
Es el 15 de febrero del 2018. Durante su breve estancia en Huamanga, Natalia había hecho algunos amigos. En alguna de aquellas primeras noches por su cuenta los invitó a tomar unos tragos a casa de sus patrones. Eran dos chicos y una chica. En la carpeta archivada en el Ministerio Público de Huamanga consta que aquella noche los chicos libaron licor, y que la amiga indujo a Natalia mantener «contacto de índole sexual con uno» de los otros dos chicos. Natalia se negó. El chico intentó forzarla. Su respuesta, además, generó una discusión con la otra chica. Al día siguiente, la nana colombiana llamó a su madre, Olga, quien vivía en el poblado ribereño de Puerto Nariño, sobre el río Amazonas. Le pidió que la llevara de vuelta a casa. Olga ya había puesto una denuncia por la desaparición de su hija.
Inmediatamente después de la llamada, la Policía colombiana se puso en contacto con sus pares peruanos. Al día siguiente, el 16 de febrero del 2018, la patrona Yanina Mendoza, en la playa, recibe un telefonazo de su vecina. Hay un grupo de policías frente a su casa, en Huamanga.
Agentes peruanos han acudido al inmueble y hallado a Natalia. Constatan que compartía la habitación con los menores hijos de la pareja. Que tenía su propia cama. Que los patrones habían asumido sus costos de alimentación e higiene, que le habían comprado algo de ropa, pero que no la enviaban al colegio.
La Policía rescata a la menor y la pone a disposición de la Unidad de Víctimas y Testigos (Udavit) del Ministerio Público del Perú, donde le practican los exámenes médico legistas correspondientes. Según aparece en la Disposición de Apertura de Investigación Preliminar de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, en Loreto, Natalia manifestó que había sido víctima de una violación sexual, de la privación de su libertad y de explotación laboral. Las pruebas legistas determinan que, en efecto, la menor había consumido alcohol (tenía 0,06 mg de alcohol etílico en la sangre), y que presentaba «signos de lesiones extragenitales recientes» ocasionados por un «agente contundente duro y (de) superficie áspera».
El informe del perito no es preciso en cuanto a si la menor fue o no violada sexualmente, pero da a entender que, como mínimo, hubo algún tipo de forcejeo de esta índole.
Cumplidos estos requisitos, Natalia pasa los tres meses siguientes en un centro de atención residencial, un albergue especializado para acoger a menores en riesgo, hasta que un cónsul de Colombia en el Perú va a buscarla y la retorna a su familia.
El caso arrojaría luces sobre cómo funciona la trata de personas en el Trapecio Amazónico. Para las autoridades colombianas, este caso, también, destaparía a una presunta red de tráfico ilícito de migrantes que operaba en el Trapecio Amazónico, entre Colombia y Perú. Mientras que, para las autoridades peruanas, la existencia de esta presunta red es un completo misterio.
EL PESO DE LA HISTORIA
A lo largo de los últimos 150 años, lo que ahora es la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia ha atravesado varias bonanzas económicas. Cada una de ellas con modalidades de explotación de la mano de obra muy similares. En todos los casos, estas fiebres extractivas condujeron a formas esclavistas de trabajo: el caucho, la madera, la minería ilegal, y ahora, claro, el cultivo de la coca y el narcotráfico.
Circa, 1907, un juez peruano llamado Carlos Valcárcel y un comisionado especial del Reino Unido, luego condenado a muerte, sir Roger Casement —los ingleses nunca le perdonaron que un servidor del servicio diplomático victoriano se destapara posteriormente como el homosexual que les estaba liderando una revuelta nacionalista en Irlanda— investigaron y reportaron en profundidad los que luego serían conocidos como Los crímenes del Putumayo: el genocidio que el barón del caucho, Julio César Arana, había cometido con los pueblos yagua, huitoto y ticuna en lo que hoy conocemos como el Trapecio Amazónico. Muckcrackers, sin ser hombres de prensa, ambos, Valcárcel y Casement, en la práctica fungieron como periodistas de investigación.
Shamanism, Colonialism and the Wild Man. A Study in Terror and Healing, la poderosa etnografía del antropólogo australiano Michael Taussig, recogió estas investigaciones y, además, dio exhaustiva cuenta de la larga historia de colonialismo y despojo que sufrieron los pueblos indígenas y, en general, los trabajadores de las fronteras entre Perú, Brasil y Colombia. El caucho instauraría en la cuenca amazónica un modelo extractivista, colonial y esclavista, que posteriormente solo necesitaría de una alta demanda y un aumento súbito en los precios internacionales de cualquier materia prima, para replicarse con la madera, el oro o la coca. El Trapecio tiene una historia. Esa historia todavía pesa en el presente. Y forma parte de la vida de Natalia.
POROSIDAD E INVISIBILIDAD EN LA FRONTERA
Un número indeterminado de botes particulares y de transporte público van y vienen entre los puertos brasileños, peruanos y colombianos, tanto formales como informales, en un régimen de zona franca, sin que las autoridades de ninguno de los tres países hagan mayor esfuerzo por controlarlos o fiscalizarlos. El comercio y la movilidad de las personas entre las tres fronteras es constante e intenso. Los controles migratorios en las ciudades gemelas de Leticia y Tabatinga, en Colombia y Brasil respectivamente, y en la isla de Santa Rosa, en el Perú, por el contrario, son mínimos.
Para esta misma investigación fue posible salir del Perú sin sellar el pasaporte ni presentar documento alguno, y establecerme una semana en un hotel de Leticia, sin pasar por migraciones, ni en Perú, ni en Colombia. Y una vez instalado en Leticia, ingresé a Tabatinga, en territorio brasileño, todas las veces que quise: en moto, a pie, en taxi, en bote.
La libertad de movimiento entre estas tres fronteras es total. Y las familias suelen aprovecharla para sacar lo mejor que cada país tiene para ofrecerles. Así, pueden vivir en Colombia, por ejemplo, pero estudiar en la universidad en Brasil, y luego, los fines de semana por la noche, los jóvenes cruzan el Amazonas en un bote y salen a divertirse a las discotecas que funcionan sobre balsas en el Perú. Es aquí donde se concentra con claridad la explotación sexual de las víctimas de trata de personas. La etnia ticuna, el pueblo indígena por excelencia del Trapecio, conforma la base cultural de esta dinámica seminómada. «Es un tema cultural», confirma Andrea Buitrago, funcionaria de la Defensoría del Pueblo en Leticia. En gran medida las fronteras nacionales se rayaron sobre su territorio ancestral indígena, y tuvieron un impacto en la conformación de familias multinacionales. Un patrón que, como en toda frontera, se repite también en las familias ribereñas y mestizas, hijas de los colonizadores que llegaron a este lugar con las fiebres extractivas anteriormente mencionadas. Esta cultura seminómada del Trapecio también jugó un papel en la historia de Natalia.
Una cantidad indeterminada de botes particulares cruza todos los días de un lado al otro del Amazonas, y de un lado al otro de las fronteras entre Perú, Brasil y Colombia, sin mayor control. Para esta misma investigación fue posible salir del Perú e ingresar e instalarme en Colombia una semana, y de allí cruzar a Brasil, durante una semana sin presentar documento alguno.
Fotografía: Gabriel Arriarán
UN ACUERDO VERBAL
Cinco meses antes de que la Policía rescatara a Natalia en la andina ciudad de Huamanga, Zenón Peña Camara había viajado de Ayacucho a Puerto Nariño, en Colombia, a visitar a su madre, Leonor Camara Pizango. Con este nombre es cómo aparece en Facebook, y para todos los efectos, así es como la nombraremos en esta historia. Leonor tenía en esta localidad una bodega de abarrotes. En esa tienda, precisamente, como suele suceder en los mercados y en los pueblos, había entablado una cierta relación de confianza con una de sus caseras: Olga, a saber, la madre de Natalia, quien por entonces estudiaba en una escuela pública en Puerto Nariño.
El auto de apertura de investigación preliminar de la fiscalía de Maynas (Iquitos, Loreto, Perú) indica que por intermedio de Leonor, Zenón y Olga iniciaron una negociación. La madre de Natalia buscaba un trabajo para su hija. Lo normal, en una región flagelada socialmente por un desempleo crónico. El documento de la fiscalía de Maynas indica que Zenón puso una oferta sobre la mesa. La chica podría viajar con él a Huamanga para trabajar como nana de dos de sus hijos a cambio de 300 soles al mes, siendo el sueldo mínimo en el Perú, de 800. Peña Camara, además, costearía los gastos del transporte. El documento de la fiscalía no indica si Olga aceptó o no la oferta, pero sí que Zenón instruyó a Natalia cuando estaban a punto de embarcarse rumbo a Iquitos: si ante cualquier eventualidad, una autoridad en el Perú le preguntaba a ella quién era, o le pedía sus documentos, Natalia debía responder que era su sobrina. Nunca necesitaron poner a práctica esta pequeña coartada.
EXPLOTACIÓN SEXUAL EN EL TRAPECIO AMAZÓNICO
En el 2015, en la isla de Santa Rosa, se llegaron a contar hasta veinte discotecas, estas, sin contar con los antros itinerantes —las balsas— que anclaban en localidades como San Isidro o San Pablo. Fue el caso, por ejemplo, de El Cosmos, una balsa donde confluía un intenso comercio sexual que en no pocas oportunidades devino en explotación sexual, y en trata de personas con esos fines.
El local pagaba un sueldo base a las meseras, a las que también explotaba sexualmente. Algunas de ellas eran de nacionalidad colombiana, o brasileña, que debían pagar por el alquiler de las habitaciones y los cubículos adonde subían con los parroquianos diarios, por lo general, los jornaleros de los cultivos de la coca que acababan de cobrar o, incluso, el propio personal de la Dirandro (Dirección contra la Droga de la Policía Nacional del Perú) y la DEA, acantonados en Caballococha. Se sospecha que El Cosmos, como buena de parte de las demás actividades económicas en el Trapecio, había establecido algún tipo de vínculo con el narcotráfico. Uno de sus propietarios, Jesús Arias Mamani, fue capturado en el último operativo hecho por la fiscalía corporativa de Maynas en la zona, y detenido preventivamente por trata de personas. A los pocos días de haber recuperado su libertad y de salir, por exceso de carcelería, sin una sentencia, Arias Mamani fue asesinado a balazos en Caballococha. Las autoridades judiciales en Iquitos sospechan que narcos de la zona pudieron haberlo matado como represalia, sopesando que mientras estuvo en la cárcel pudo haber cedido a alguna delación.
Aunque menos documentados, o con autoridades especializadas algo menos capacitadas o más ajenas a este tipo de delitos, o más reacias a entregar información, tanto en Tabatinga como en Leticia existen también indicios de la existencia de centros de explotación sexual para víctimas de trata de personas y tráfico de migrantes.
Turistas nacionales y extranjeros conforman el grueso de los consumidores de servicios sexuales ofertados por proxenetas y explotadores sexuales en las ciudades gemelas de Leticia y Tabatinga. En el Ministerio Público Federal de Tabatinga relataron a esta publicación tener en cartera el caso de una mujer de Medellín que llevaba chicas de aquella ciudad para explotarlas sexualmente en el Amazonas. En la Policía Civil de Tabatinga también hablaron del turismo sexual imperante en la zona, en locales resguardados por gente fuertemente armada. Casas en las que, al parecer, confluían el turismo sexual con el narcotráfico.
En Leticia, la explotación sexual de mujeres indígenas por turistas sexuales no es rara, pero es más subterránea. «Por detrás de las artesanías y los bailes ticuna en la comunidad de Macedonia», afirmaron en la Defensoría del Pueblo de Leticia, «se ofrece a las niñas indígenas a los turistas para que las exploten sexualmente». Los tratos se cierran en hostales clandestinos, por lo general apostados sobre el gran río. «Uno de estos locales se encontraba frente al Banco Popular, en la ciudad de Leticia», relató un patrullero de la policía de Leticia.
Lo común es que los turistas sexuales ofrezcan dinero u opciones de alimentación y educación a los padres de las víctimas a cambio de llevarse a sus hijas. Fue en todo caso el tipo de acuerdo al que llegaron Zenón Peña Camara y la madre de Natalia, aunque en este caso no hubo indicios de explotación sexual.
Cinco meses antes de que la Policía rescatara a Natalia en la andina ciudad de Huamanga, Zenón Peña Camara había viajado de Ayacucho a Puerto Nariño, en Colombia, a visitar a su madre, Leonor Camara Pizango. Con este nombre es cómo aparece en Facebook, y para todos los efectos, así es como la nombraremos en esta historia. Leonor tenía en esta localidad una bodega de abarrotes. En esa tienda, precisamente, como suele suceder en los mercados y en los pueblos, había entablado una cierta relación de confianza con una de sus caseras: Olga, a saber, la madre de Natalia, quien por entonces estudiaba en una escuela pública en Puerto Nariño.
El auto de apertura de investigación preliminar de la fiscalía de Maynas (Iquitos, Loreto, Perú) indica que por intermedio de Leonor, Zenón y Olga iniciaron una negociación. La madre de Natalia buscaba un trabajo para su hija. Lo normal, en una región flagelada socialmente por un desempleo crónico. El documento de la fiscalía de Maynas indica que Zenón puso una oferta sobre la mesa. La chica podría viajar con él a Huamanga para trabajar como nana de dos de sus hijos a cambio de 300 soles al mes, siendo el sueldo mínimo en el Perú, de 800. Peña Camara, además, costearía los gastos del transporte. El documento de la fiscalía no indica si Olga aceptó o no la oferta, pero sí que Zenón instruyó a Natalia cuando estaban a punto de embarcarse rumbo a Iquitos: si ante cualquier eventualidad, una autoridad en el Perú le preguntaba a ella quién era, o le pedía sus documentos, Natalia debía responder que era su sobrina. Nunca necesitaron poner a práctica esta pequeña coartada.
EXPLOTACIÓN SEXUAL EN EL TRAPECIO AMAZÓNICO
En el 2015, en la isla de Santa Rosa, se llegaron a contar hasta veinte discotecas, estas, sin contar con los antros itinerantes —las balsas— que anclaban en localidades como San Isidro o San Pablo. Fue el caso, por ejemplo, de El Cosmos, una balsa donde confluía un intenso comercio sexual que en no pocas oportunidades devino en explotación sexual, y en trata de personas con esos fines.
El local pagaba un sueldo base a las meseras, a las que también explotaba sexualmente. Algunas de ellas eran de nacionalidad colombiana, o brasileña, que debían pagar por el alquiler de las habitaciones y los cubículos adonde subían con los parroquianos diarios, por lo general, los jornaleros de los cultivos de la coca que acababan de cobrar o, incluso, el propio personal de la Dirandro (Dirección contra la Droga de la Policía Nacional del Perú) y la DEA, acantonados en Caballococha. Se sospecha que El Cosmos, como buena de parte de las demás actividades económicas en el Trapecio, había establecido algún tipo de vínculo con el narcotráfico. Uno de sus propietarios, Jesús Arias Mamani, fue capturado en el último operativo hecho por la fiscalía corporativa de Maynas en la zona, y detenido preventivamente por trata de personas. A los pocos días de haber recuperado su libertad y de salir, por exceso de carcelería, sin una sentencia, Arias Mamani fue asesinado a balazos en Caballococha. Las autoridades judiciales en Iquitos sospechan que narcos de la zona pudieron haberlo matado como represalia, sopesando que mientras estuvo en la cárcel pudo haber cedido a alguna delación.
Aunque menos documentados, o con autoridades especializadas algo menos capacitadas o más ajenas a este tipo de delitos, o más reacias a entregar información, tanto en Tabatinga como en Leticia existen también indicios de la existencia de centros de explotación sexual para víctimas de trata de personas y tráfico de migrantes.
Turistas nacionales y extranjeros conforman el grueso de los consumidores de servicios sexuales ofertados por proxenetas y explotadores sexuales en las ciudades gemelas de Leticia y Tabatinga. En el Ministerio Público Federal de Tabatinga relataron a esta publicación tener en cartera el caso de una mujer de Medellín que llevaba chicas de aquella ciudad para explotarlas sexualmente en el Amazonas. En la Policía Civil de Tabatinga también hablaron del turismo sexual imperante en la zona, en locales resguardados por gente fuertemente armada. Casas en las que, al parecer, confluían el turismo sexual con el narcotráfico.
En Leticia, la explotación sexual de mujeres indígenas por turistas sexuales no es rara, pero es más subterránea. «Por detrás de las artesanías y los bailes ticuna en la comunidad de Macedonia», afirmaron en la Defensoría del Pueblo de Leticia, «se ofrece a las niñas indígenas a los turistas para que las exploten sexualmente». Los tratos se cierran en hostales clandestinos, por lo general apostados sobre el gran río. «Uno de estos locales se encontraba frente al Banco Popular, en la ciudad de Leticia», relató un patrullero de la policía de Leticia.
Lo común es que los turistas sexuales ofrezcan dinero u opciones de alimentación y educación a los padres de las víctimas a cambio de llevarse a sus hijas. Fue en todo caso el tipo de acuerdo al que llegaron Zenón Peña Camara y la madre de Natalia, aunque en este caso no hubo indicios de explotación sexual.
Jesús Arias Mamani. Dueño de la discoteca flotante El Cosmos, de dónde se rescataron, frente a la localidad de San Isidro, Perú, a dos víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual de nacionalidad colombiana, en noviembre de 2016. Arias Mamani, posteriormente, sería puesto en libertad por exceso de carcelería, y asesinado en Caballococha, pocos días después, presuntamente por narcotraficantes.
Fotografía: Ministerio del Interior. Perú.
Fotografía: Gabriel Arriarán
En el puerto de Leticia se concentran bebederos precarios cerca del puerto de la ciudad. Existen indicios de que una parte de la explotación sexual en el Trapecio ocurre en antros como estos.
TRANSPORTE NO SUPERVISADO DE MENORES
El 5 de septiembre del 2017, sobre las siete y media de la mañana, Zenón y Natalia zarparon de Caballococha con dirección a Iquitos. Arribaron dos días después, pasado el mediodía. Esa misma tarde embarcaron hacia Nauta, y el 8 de septiembre, a las cuatro de la mañana, siempre por vía fluvial, tomaron otro transporte hacia la ciudad portuaria de Yurimaguas. Allí terminó la parte fluvial del trayecto y comenzaría el transporte por tierra hasta la ciudad de Huamanga: en colectivo a Juanjui, y luego en otro colectivo hasta Tocache, el mismo 9 de septiembre. Llegaron a Tingo María, en la región de Huánuco, al día siguiente, y allí, inmediatamente, abordaron otro colectivo más hacia la ciudad de La Oroya, y luego hacia Huancayo, en Junín. A la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, llegarían finalmente el 10 de septiembre del 2017, sobre la una y media de la madrugada.
En el momento de su captura, Peña Camara adujo que desconocía que para transportar a una menor de edad (que en este caso, además, era extranjera), necesitaba de la autorización notarial de ambos padres de la niña. Pero para lo que la autorización notarial le hubiera servido... En cinco días de viaje pudieron cruzar una frontera. Atravesaron por río y por tierra más de la mitad del territorio peruano, sin que el Estado, ni ninguna autoridad en ningún control, en ningún retén, advirtiera que había hecho ingresar al Perú, de manera ilegal, a una menor de nacionalidad extranjera.
Consejo de Redacción recorrió parte de la ruta hecha por Natalia y Zenón Peña Camara. Se identificaron dos controles aduaneros entre Iquitos y la frontera: Chimbote y Caballococha. En el lado colombiano, en Leticia, se encuentra la Capitanía de Puerto e Inspección fluvial, y la Policía de Turismo. Tabatinga, en Brasil, cuenta con una Capitanía dos Portos, y algo más abajo, por el Amazonas, en el pueblo de Anzol, cercano a São Paulo de Olivença, está la base de la Policía Federal Brasileña.
Los aparatos de los tres Estados, no obstante, no han sido obstáculo para que cantidades indeterminadas de pasta básica y clorhidrato de cocaína se produzcan y se exporten hacia Europa bajo sus narices. De lo que sí se tienen datos fidedignos es del número de hectáreas en el Perú (donde se concentra el cultivo) dedicadas a la coca: 370 en el 2015; 1292 en el 2016; 1823 en el 2017, según el Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú del 2017, de Naciones Unidas contra el Delito y el Crimen (UNODC).
Se trata de una institucionalidad a todas luces insuficiente para el control de un territorio inmenso, por el que se trafican toneladas de madera ilegal, drogas y, claro, también personas. Como Natalia.
El 5 de septiembre del 2017, sobre las siete y media de la mañana, Zenón y Natalia zarparon de Caballococha con dirección a Iquitos. Arribaron dos días después, pasado el mediodía. Esa misma tarde embarcaron hacia Nauta, y el 8 de septiembre, a las cuatro de la mañana, siempre por vía fluvial, tomaron otro transporte hacia la ciudad portuaria de Yurimaguas. Allí terminó la parte fluvial del trayecto y comenzaría el transporte por tierra hasta la ciudad de Huamanga: en colectivo a Juanjui, y luego en otro colectivo hasta Tocache, el mismo 9 de septiembre. Llegaron a Tingo María, en la región de Huánuco, al día siguiente, y allí, inmediatamente, abordaron otro colectivo más hacia la ciudad de La Oroya, y luego hacia Huancayo, en Junín. A la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, llegarían finalmente el 10 de septiembre del 2017, sobre la una y media de la madrugada.
En el momento de su captura, Peña Camara adujo que desconocía que para transportar a una menor de edad (que en este caso, además, era extranjera), necesitaba de la autorización notarial de ambos padres de la niña. Pero para lo que la autorización notarial le hubiera servido... En cinco días de viaje pudieron cruzar una frontera. Atravesaron por río y por tierra más de la mitad del territorio peruano, sin que el Estado, ni ninguna autoridad en ningún control, en ningún retén, advirtiera que había hecho ingresar al Perú, de manera ilegal, a una menor de nacionalidad extranjera.
Consejo de Redacción recorrió parte de la ruta hecha por Natalia y Zenón Peña Camara. Se identificaron dos controles aduaneros entre Iquitos y la frontera: Chimbote y Caballococha. En el lado colombiano, en Leticia, se encuentra la Capitanía de Puerto e Inspección fluvial, y la Policía de Turismo. Tabatinga, en Brasil, cuenta con una Capitanía dos Portos, y algo más abajo, por el Amazonas, en el pueblo de Anzol, cercano a São Paulo de Olivença, está la base de la Policía Federal Brasileña.
Los aparatos de los tres Estados, no obstante, no han sido obstáculo para que cantidades indeterminadas de pasta básica y clorhidrato de cocaína se produzcan y se exporten hacia Europa bajo sus narices. De lo que sí se tienen datos fidedignos es del número de hectáreas en el Perú (donde se concentra el cultivo) dedicadas a la coca: 370 en el 2015; 1292 en el 2016; 1823 en el 2017, según el Monitoreo de Cultivos de Coca en el Perú del 2017, de Naciones Unidas contra el Delito y el Crimen (UNODC).
Se trata de una institucionalidad a todas luces insuficiente para el control de un territorio inmenso, por el que se trafican toneladas de madera ilegal, drogas y, claro, también personas. Como Natalia.
Concentración de los campos de cultivo de coca en la triple frontera.
Fuente: Monitoreo de cultivos de coca 2017. Devida. UNODC. Lima.
LOS ESTADOS LEJANOS DEL TRAPECIO
En el Trapecio Amazónico las fronteras nacionales no se corresponden, o al menos no lo hacen exactamente, con los límites del Estado. Si una característica común tiene el Trapecio Amazónico es el descuido en que los tres países que convergen en esta selva mantienen a sus ciudadanos.
Un descuido que se traduce en la precarización de los derechos de la ciudadanía a la educación, la salud, el empleo y la seguridad, y en una permanente búsqueda de estas familias por satisfacer estas elementales necesidades pasando de una frontera a otra. «Se requiere (en el Trapecio) de una política pública que comprenda aspectos como educación, salud, nutrición y buen trato destinada a toda la infancia, y que contribuya a cerrar las brechas de exclusión existentes que colocan a los niños en las actuales condiciones de vulnerabilidad y riesgo», afirma María del Pilar Mejía en la edición de abril-junio del 2014 de la revista Quehacer. Se refería a los riesgos inherentes de tener que abandonar un país para ir a trabajar en los campos de coca en el otro, o a ser captadas por redes de proxenetas y tratantes a las afueras de una escuela pública, para luego ser transportadas y explotadas sexualmente en discotecas a pocas cuadras de su casa, pero al otro lado de una frontera.
¿Es que no hay Estado en el Trapecio Amazónico? Lo hay. Pero está lejos del terreno. Según el ‘Informe defensorial sobre las zonas de frontera’, de la Defensoría del Pueblo de Colombia, fechado en el 2017, se han hecho algunos esfuerzos multilaterales para controlar las actividades criminales que suceden en esta zona franca, principalmente el narcotráfico, pero también el tráfico de migrantes y la trata de personas. El 30 de noviembre del 2014 los gobiernos de Perú y Colombia firmaron la Declaración de Medellín, con el propósito de identificar niños y adolescentes en riesgo trabajando en las dragas de la minería ilegal, reducir las tasas de criminalidad e intercambiar «experiencias y buenas prácticas en materia de empleo y relaciones laborales. El último de estos acuerdos fue suscrito en diciembre del 2018 entre autoridades de los tres países. La Procuraduría General de la Nación, la entidad convocante del lado colombiano, denunció que niñas indígenas eran explotadas sexualmente en establecimientos de las ciudades ribereñas o en hoteles itinerantes que recorren el Amazonas, entre cuyos clientes, justo, figuran turistas que de día se van de excursiones ecológicas y de noche salen a la caza de niños y niñas, denunció esta entidad.
Sin embargo, la ausencia de políticas públicas claramente financiadas y orientadas a la mejora de los servicios básicos de educación y salud, y diversificación y aumento de las oportunidades de empleo, dejan este tipo de acuerdos en simples declaraciones de principios.
LA CONDICIÓN DE LA SERVIDUMBRE
En los meses que siguieron hasta su rescate, Natalia quedó a cargo de Yanina Mendoza Guzmán, cónyuge de Zenón Peña Camara, quien volvió al Trapecio Amazónico. Y en ese tiempo, la chica descubrió que, por menos de la mitad del sueldo mínimo en el Perú, no solo debía cuidar a los dos hijos pequeños de la pareja. También tenía que cocinar, limpiar la casa, lavar la ropa sucia de la familia, mientras que la patrona solía tratarla de ‘haragana’ cuando la chica se negaba a cumplir con alguna de las tareas.
Cuando Peña Camara volvió de Puerto Nariño, la chica le comunicó que quería volver con su mamá. «Eso va ser un problema», contestó el ‘Tigrillo’, según consta en la disposición de apertura de la investigación preliminar. Natalia tendría que olvidarse entonces de su escueto sueldo de 300 soles al mes, y con él pagar el transporte de regreso a la frontera.
Fue cuando la patrona, Yanina Mendoza Guzmán, salió de vacaciones, el ‘Tigrillo’ volvió a la selva, solo, y cuando a Natalia le dejaron 70 soles para su comida.
Posteriormente se desató el incidente que conduciría a la menor a comunicarse con su madre y, luego, a que la policía la rescatara de aquel inmueble en Huamanga.
En el Trapecio Amazónico las fronteras nacionales no se corresponden, o al menos no lo hacen exactamente, con los límites del Estado. Si una característica común tiene el Trapecio Amazónico es el descuido en que los tres países que convergen en esta selva mantienen a sus ciudadanos.
Un descuido que se traduce en la precarización de los derechos de la ciudadanía a la educación, la salud, el empleo y la seguridad, y en una permanente búsqueda de estas familias por satisfacer estas elementales necesidades pasando de una frontera a otra. «Se requiere (en el Trapecio) de una política pública que comprenda aspectos como educación, salud, nutrición y buen trato destinada a toda la infancia, y que contribuya a cerrar las brechas de exclusión existentes que colocan a los niños en las actuales condiciones de vulnerabilidad y riesgo», afirma María del Pilar Mejía en la edición de abril-junio del 2014 de la revista Quehacer. Se refería a los riesgos inherentes de tener que abandonar un país para ir a trabajar en los campos de coca en el otro, o a ser captadas por redes de proxenetas y tratantes a las afueras de una escuela pública, para luego ser transportadas y explotadas sexualmente en discotecas a pocas cuadras de su casa, pero al otro lado de una frontera.
¿Es que no hay Estado en el Trapecio Amazónico? Lo hay. Pero está lejos del terreno. Según el ‘Informe defensorial sobre las zonas de frontera’, de la Defensoría del Pueblo de Colombia, fechado en el 2017, se han hecho algunos esfuerzos multilaterales para controlar las actividades criminales que suceden en esta zona franca, principalmente el narcotráfico, pero también el tráfico de migrantes y la trata de personas. El 30 de noviembre del 2014 los gobiernos de Perú y Colombia firmaron la Declaración de Medellín, con el propósito de identificar niños y adolescentes en riesgo trabajando en las dragas de la minería ilegal, reducir las tasas de criminalidad e intercambiar «experiencias y buenas prácticas en materia de empleo y relaciones laborales. El último de estos acuerdos fue suscrito en diciembre del 2018 entre autoridades de los tres países. La Procuraduría General de la Nación, la entidad convocante del lado colombiano, denunció que niñas indígenas eran explotadas sexualmente en establecimientos de las ciudades ribereñas o en hoteles itinerantes que recorren el Amazonas, entre cuyos clientes, justo, figuran turistas que de día se van de excursiones ecológicas y de noche salen a la caza de niños y niñas, denunció esta entidad.
Sin embargo, la ausencia de políticas públicas claramente financiadas y orientadas a la mejora de los servicios básicos de educación y salud, y diversificación y aumento de las oportunidades de empleo, dejan este tipo de acuerdos en simples declaraciones de principios.
LA CONDICIÓN DE LA SERVIDUMBRE
En los meses que siguieron hasta su rescate, Natalia quedó a cargo de Yanina Mendoza Guzmán, cónyuge de Zenón Peña Camara, quien volvió al Trapecio Amazónico. Y en ese tiempo, la chica descubrió que, por menos de la mitad del sueldo mínimo en el Perú, no solo debía cuidar a los dos hijos pequeños de la pareja. También tenía que cocinar, limpiar la casa, lavar la ropa sucia de la familia, mientras que la patrona solía tratarla de ‘haragana’ cuando la chica se negaba a cumplir con alguna de las tareas.
Cuando Peña Camara volvió de Puerto Nariño, la chica le comunicó que quería volver con su mamá. «Eso va ser un problema», contestó el ‘Tigrillo’, según consta en la disposición de apertura de la investigación preliminar. Natalia tendría que olvidarse entonces de su escueto sueldo de 300 soles al mes, y con él pagar el transporte de regreso a la frontera.
Fue cuando la patrona, Yanina Mendoza Guzmán, salió de vacaciones, el ‘Tigrillo’ volvió a la selva, solo, y cuando a Natalia le dejaron 70 soles para su comida.
Posteriormente se desató el incidente que conduciría a la menor a comunicarse con su madre y, luego, a que la policía la rescatara de aquel inmueble en Huamanga.
LA PRESUNTA RED Y LAS PRESUNTAS OCHO VÍCTIMAS
El rescate de Natalia motivó que Zenón Peña Camara y Leonor Camara Pizango fueran detenidos y puestos bajo investigación, y que el 14 de febrero pasado se identificara y detuviera a otro supuesto cómplice: Ramón Veloza Souza, alias el ‘Caimán’. La noticia apareció primero en el portal de la entidad encargada del tema de migraciones en Colombia, con el rótulo:
El rescate de Natalia motivó que Zenón Peña Camara y Leonor Camara Pizango fueran detenidos y puestos bajo investigación, y que el 14 de febrero pasado se identificara y detuviera a otro supuesto cómplice: Ramón Veloza Souza, alias el ‘Caimán’. La noticia apareció primero en el portal de la entidad encargada del tema de migraciones en Colombia, con el rótulo:
Migración Colombia captura a la madame del Amazonas:
Según las investigaciones adelantadas por el Grupo GAOT de Policía Judicial de Migración Colombia, alias el ‘Caimán’ sería, presuntamente, el encargado de captar e inducir niñas de comunidades indígenas a la prostitución, lo cual lograba a punta de engaños y regalos, al punto de convencerlas de abandonar su territorio. En ese momento entraba en acción alias la ‘Tigresa’, quien, ganándose la confianza de las menores, se encargaba de enviarlas desde el municipio de Puerto Nariño hacia las ciudades de Iquitos y Pucallpa, en Perú, donde eran explotadas laboral y sexualmente.
Según las investigaciones adelantadas por el Grupo GAOT de Policía Judicial de Migración Colombia, alias el ‘Caimán’ sería, presuntamente, el encargado de captar e inducir niñas de comunidades indígenas a la prostitución, lo cual lograba a punta de engaños y regalos, al punto de convencerlas de abandonar su territorio. En ese momento entraba en acción alias la ‘Tigresa’, quien, ganándose la confianza de las menores, se encargaba de enviarlas desde el municipio de Puerto Nariño hacia las ciudades de Iquitos y Pucallpa, en Perú, donde eran explotadas laboral y sexualmente.
Leonor Camara Pizango celebra con los suyos su liberación, a los pocos días de haber sido detenía por las autoridades colombianas, acusada de pertenecer a una red de tráfico de migrantes y trata de personas.
Fotografía: Facebook personal de Leonor Camara Pizango.
Gracias a la denuncia que la madre de Natalia interpuso por desaparición, declaró Christian Krüger Sarmiento, director general de Migración Colombia al portal de su propia institución: «Iniciamos toda una investigación que hoy nos permite librar del flagelo de la trata a las comunidades indígenas del Amazonas».
Habrían sido seis meses de investigación y «1400 horas de escuchas con el soporte de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos». Gracias a este operativo, se habría logrado «desarticular a una importante red dedicada a la trata de personas en el departamento de Amazonas».
En abril se logró entrevistar a un patrullero de la policía de Leticia, quién confirmó que el caso tenía ocho víctimas en total, y que algunas de ellas habrían sido indígenas ticunas. El mismo oficial mostró un atestado policial en el que se detallaba que las víctimas eran explotadas sexualmente en locales como el hotel Gran Rey y la discoteca Tequila, del poblado de Caballococha, en el lado peruano de la frontera.
Sin embargo, ¿dónde están estas supuestas ocho víctimas? ¿Dónde estaban las víctimas que supuestamente el ‘Caimán’ y la ‘Tigresa’ enviaban a Iquitos y Pucallpa?
Se indagó en la fiscalía contra la trata de personas en Iquitos y con su par en la ciudad de Pucallpa. En ninguna tenían registro de una sola víctima colombiana, originaria del Trapecio, o para cualquier otro efecto, de Puerto Nariño, rescatada para este caso.
Habrían sido seis meses de investigación y «1400 horas de escuchas con el soporte de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos». Gracias a este operativo, se habría logrado «desarticular a una importante red dedicada a la trata de personas en el departamento de Amazonas».
En abril se logró entrevistar a un patrullero de la policía de Leticia, quién confirmó que el caso tenía ocho víctimas en total, y que algunas de ellas habrían sido indígenas ticunas. El mismo oficial mostró un atestado policial en el que se detallaba que las víctimas eran explotadas sexualmente en locales como el hotel Gran Rey y la discoteca Tequila, del poblado de Caballococha, en el lado peruano de la frontera.
Sin embargo, ¿dónde están estas supuestas ocho víctimas? ¿Dónde estaban las víctimas que supuestamente el ‘Caimán’ y la ‘Tigresa’ enviaban a Iquitos y Pucallpa?
Se indagó en la fiscalía contra la trata de personas en Iquitos y con su par en la ciudad de Pucallpa. En ninguna tenían registro de una sola víctima colombiana, originaria del Trapecio, o para cualquier otro efecto, de Puerto Nariño, rescatada para este caso.
Fotografía: Gabriel Arriarán
Según las autoridades policiales colombianas, miembros de la presunta red de “La Madame del Amazonas” llevaban a explotar sexualmente a niñas de nacionalidad colombiana a este hotel en Caballococha. Perú.
Es más, en la primera de estas fiscalías, en Iquitos, se recogió de varios fiscales una incomodidad respecto de la precariedad, la inseguridad y el abandono que sufren de parte del Estado central en Lima, para el cabal cumplimiento de sus funciones. Hace más de dos años que esta fiscalía no puede organizar un operativo en la zona de frontera para rescatar a víctimas de trata debido a la falta de apoyo de la policía.
La Fiscalía General de la Nación, a través de su representante de prensa, informó que Ramón Veloza Souza, el ‘Caimán’, había fallecido de un infarto. Sin que accediera a ahondar en mayores detalles sobre la muerte del presunto tratante, se limitó a declarar que el caso continúa abierto y bajo reserva.
También nos comunicamos con Christian Krüger Sarmiento por Whatsapp, y le preguntamos sobre la inconsistencia entre las afirmaciones de Migración Colombia sobre las víctimas y los datos que pudimos recoger de las fiscalías peruanas que tendrían que haber participado de un rescate como este, si, como se dijo, algunas mujeres fueron explotadas en territorio peruano. Al momento del cierre de esta publicación, Krüger no había contestado a nuestro requerimiento. Las ocho víctimas atribuidas a la ‘Madame del Amazonas’, desde el Perú, son un completo misterio.
La Fiscalía General de la Nación, a través de su representante de prensa, informó que Ramón Veloza Souza, el ‘Caimán’, había fallecido de un infarto. Sin que accediera a ahondar en mayores detalles sobre la muerte del presunto tratante, se limitó a declarar que el caso continúa abierto y bajo reserva.
También nos comunicamos con Christian Krüger Sarmiento por Whatsapp, y le preguntamos sobre la inconsistencia entre las afirmaciones de Migración Colombia sobre las víctimas y los datos que pudimos recoger de las fiscalías peruanas que tendrían que haber participado de un rescate como este, si, como se dijo, algunas mujeres fueron explotadas en territorio peruano. Al momento del cierre de esta publicación, Krüger no había contestado a nuestro requerimiento. Las ocho víctimas atribuidas a la ‘Madame del Amazonas’, desde el Perú, son un completo misterio.
En la localidad de Caballococha se concentra buena parte de la trata de personas, la explotación sexual, y el tráfico de migrantes en el Trapecio Amazónico.
Fotografía: Gabriel Arriarán